El Ayuntamiento de Santiago congelará la carga fiscal y solo valora si subirá la basura

r. M. SANTIAGO / LA VOZ

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El pleno tratará mañana, entre otros asuntos, la aprobación de la nueva ordenanza que regula las plusvalías
El pleno tratará mañana, entre otros asuntos, la aprobación de la nueva ordenanza que regula las plusvalías PACO RODRÍGUEZ

La decisión sobre la tasa de la limpieza depende de factores aún por analizar

11 sep 2022 . Actualizado a las 21:05 h.

El Ayuntamiento congelará la carga tributaria con la que los compostelanos contribuyen al mantenimiento del municipio. Las ordenanzas fiscales no se tocarán tampoco este año, con la salvedad de la de la limpieza, que precisa un ajuste técnico, aunque está por ver también si se concreta la subida que se planteó para ella al aprobarse el presupuesto municipal, ante el incremento del coste de la nueva concesión. El gobierno de Sánchez Bugallo espera que la aportación estatal a la hacienda local aumente en el 2023 en un nivel que, unido a la continuidad de la suspensión de las reglas fiscales, le dé margen para congelar también el recibo de la basura.

De no ser así, se actualizaría 0,60 céntimos en la cuota fija mensual y 0,023 por cada metro cúbico de exceso en el consumo de agua, consumo al que se vincula de momento la parte variable del coste del servicio de limpieza. De momento porque, precisamente, el cambio técnico que se plantea para esta ordenanza es para desligar la gestión de su cobro de la del agua. Ahora mismo es Viaqua, la concesionaria del servicio de abastecimiento, la que gestiona el cobro de la tasa de residuos sólidos, junto con la del agua. Pero el Concello quiere recuperar esa función desde el 2023. Viaqua mantendrá la gestión del cobro del agua.

El resto de las ordenanzas —salvo la de plusvalías, que hubo que actualizar a raíz del real decreto aprobado por el Gobierno tras la última sentencia del Tribunal Constitucional y que se debatirá mañana en un pleno extraordinario— ya no tendrán que someterse a la deliberación de la corporación al no haber cambios técnicos ni de carga tributaria, y al no plantearse tampoco nuevas bonificaciones, pese a que Compostela Aberta las está pidiendo para el impuesto de plusvalías.

Contexto inflacionista

En el actual contexto inflacionista, con la creciente subida de precios, la concejala de Facenda, Marta Abal, dice que si se puede contener la subida en el servicio de limpieza y recogida de residuos se hará, pero que lo que no puede el Concello es introducir nuevas bonificaciones en ninguna ordenanza porque hay que pensar también en la situación que vendrá en el 2024. Y, en el caso de las plusvalías, apunta que un informe municipal indica que con la nueva ordenanza la previsión es que los ingresos mermen unos 800.000 euros. «Haberá que revisar bonificacións no futuro para outras cousas», pero no será este año, dice Abal.

Las bonificaciones no se han tocado desde finales del 2019, al igual que la carga tributaria, cuando en el arranque del actual mandato el PSOE y Compostela Aberta (CA), todavía con Martiño Noriega a la cabeza, pactaron una política fiscal para el 2020 que conllevó la bajada del IBI rústico (del 0,51 al 0,48 %) y la subida del urbano no residencial (del 0,54 al 0,55) para el 10 % de los inmuebles de mayor valor catastral en cada una de las categorías del padrón impositivo. Aquel acuerdo supuso cambios en algunas bonificaciones fiscales y la introducción de otras para incentivar la generación de empleo y motivar el uso de energías renovables.

Al margen de que la escalada de precios y la inflación inviten a la contención en la política fiscal municipal, tampoco este parece un año propicio para plantearse otra cosa. En el 2023 habrá elecciones y, si algún ejercicio suele librar a los contribuyentes de actualizaciones fiscales, es el previo a las contiendas electorales.

La presión fiscal municipal se ha contenido con carácter general en los dos últimos mandatos, con gobiernos en minoría, salvo la subida puntual del IBI del 2020 para los inmuebles no residenciales. La contribución incluso ha descendido en ese período (el PP ya la había bajado al final de su mandato para suavizar el efecto de la subida estatal por la crisis de entonces), aunque los compostelanos no lo notaron del todo hasta el 2020, cuando venció el plazo para trasladar al recibo la actualización de valores de la revisión catastral del 2009.

Hasta entonces, y pese a la rebaja en ese impuesto que PSOE y PP impusieron a Compostela Aberta en el 2016, cuando intentó subirlo en el arranque de su mandado, el efecto de la revisión del 2009 se tradujo en un incremento medio anual del 5,7 % en los recibos hasta el 2019.