La Fiscalía pide 10 y 8 años de prisión para dos funcionarios del Sergas por el acceso a informes médicos sin permiso
SANTIAGO
Ambos trabajaban en el hospital de Conxo, en el 2016, y se les juzga por revelación de secretos
12 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Dos funcionarios del Sergas que en el 2016 trabajaban en el hospital de Conxo serán juzgados la semana que viene en Santiago por delitos de revelación de secretos. En concreto, el fiscal pide 10 y 8 años de prisión para esas personas por acceder a documentación médica de pacientes «con la intención de violar el derecho a la intimidad, fuera de los supuestos legales y sin estar debidamente autorizados».
En el primer caso, la acusada es una mujer sin antecedentes penales que cuando sucedieron los hechos que se le imputan, entre enero del 2015 y octubre del 2016, ejercía de trabajadora social en el hospital de Conxo. En ese período, según el escrito remitido al juzgado de instrucción número uno de Santiago, esa persona, «personal estatutario del Sergas», accedió a través del Ianus —un sistema del Sergas para el registro de la información por procesos asistenciales— un total de 519 veces a la documentación médica de otra, «con la intención de violar el derecho a la intimidad, fuera de los supuestos legales y sin estar debidamente autorizada», y 309 veces a la de otro paciente, y presentó parte de esa documentación «ilícitamente obtenida» el 11 de noviembre del 2015 en unas diligencias informativas de discapacidad de la Fiscalía de Santiago y el 22 de enero del 2016 a la denuncia presentada por su madre ante el juzgado de guardia de Santiago.
El segundo caso tiene como acusado a un varón, también sin antecedentes penales e igualmente personal estatutario del Sergas, que ejercía como auxiliar administrativo en el hospital de Conxo. Entre los meses de mayo del 2015 y enero del 2016, esta persona accedió igualmente, a través del sistema Inaus, un total de 26 y 5 veces a información médica de las dos personas cuya documentación fue consultada por la otra acusada.
La fiscal de sostiene que estos hechos son constitutivos en ambos casos de «dos delitos continuados de descubrimiento y difusión de secretos cometido por funcionario público y penado en el artículo 197 y 198 del código penal. Por ello, solicita para la acusada una pena de cinco años de prisión por cada uno de los dos delitos, es decir, diez años en total, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por 12 años. Y para el acusado pide pena de prisión de cuatro años por cada uno de los dos delitos, por tanto, 8 años en total y la inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años.