Raxoi envía al juzgado el caso de Fontiñas ligado a la investigación a un policía local de Santiago por mordidas
SANTIAGO
Un edificio de la calle Pamplona obtuvo la licencia gracias a un informe del agente con una imagen de otro inmueble
03 feb 2024 . Actualizado a las 21:52 h.El Concello de Santiago ha remitido al juzgado que investiga el caso de un policía local investigado por el presunto cobro de mordidas para hacer favores urbanísticos el expediente de los cuatro nuevos afectados en este espinoso asunto. Son vecinos de un edificio situado en los números 5 y 7 de la calle Pamplona, en el barrio de Fontiñas.
Una vez en poder del juzgado y unido a los autos, la jueza le ha dado traslado a la Fiscalía para que informe si solicita o no la práctica de alguna diligencia más que guarde relación con estos afectados, de los que hasta noviembre del año pasado no se tuvo constancia.
Estos vecinos de la calle Pamplona, que conecta la de Berlín con la de As Fontiñas, entraron a vivir en el 2018 en el edificio, que había solicitado licencia en el 2008 y le fue concedida en el 2011. Enseguida, los afectados notaron deficiencias en sus viviendas, tanto en la calefacción como en los aislamientos y también hay problemas de ruidos, el ascensor no llega a los trasteros o no existía tendal.
Los vecinos de estas cuatro viviendas intentaron presentar una reclamación conjunta con la comunidad de propietarios, pero no lograron su apoyo porque la gran mayoría eran cooperativistas que tenían miedo de autodenunciarse. Iniciaron un proceso judicial y fue entonces cuando se percataron de que en el expediente del Concello había un informe firmado por el policía local investigado, F. P. B., que ya no está de servicio en el cuerpo.
Ese informe tenía fecha del 11 de junio del 2015 y en él se señalaba que el bloque estaba en ese momento «exteriormente rematado» y adjuntaba una fotografía para acreditarlo. Los vecinos afirman que la imagen no era de su edificio, sino de otro levantado por la misma constructora no lejos de allí, en el número 11 de la calle Lisboa. En el momento en el que el agente dijo que la obra estaba terminada ni tan siquiera se había iniciado. De hecho, a través del programa Google Maps puede comprobarse que los trabajos comenzaron en octubre del 2015 y en el informe pericial que han aportado los afectados se fija en el 25 de enero del 2018 el certificado final de obra y en el 6 de agosto de ese mismo año la concesión de la licencia municipal de primera ocupación.
El efecto que tuvo el informe del policía local investigado por mordidas fue que no se declarase la caducidad de la licencia, que databa del 2011 y la ley establece que la obra debe iniciarse seis meses después de haberse otorgado y finalizarse en tres años.
Normas de hábitat
Lo que los vecinos de la calle Pamplona sospechan es que pudo pagarse una mordida para que el informe del agente paralizase la caducidad de la licencia y evitar que tuvieran que volver a solicitarla, lo que habría obligado a la constructora a adaptar el proyecto a los nuevos requisitos legales de normas de hábitat que habían entrado en vigor en el 2010, lo que les habría acarreado más costes y menos beneficios.
Fue precisamente en el 2018, concretamente el 29 de mayo, cuando el caso trascendió, al llegar a manos de una administrativa del área de Urbanismo una grabación en la que una persona que se presentaba y actuaba como un policía local pedía el pago de mil euros a cambio de que no tuvieran que derribar una construcción ilegal. Fue el inicio de una investigación en la que la Policía Nacional ha identificado varios casos en los que se manipularon imágenes en informes de expedientes urbanísticos.
Los vecinos afectados creen que el Concello está actuando con «pasividade»
Los vecinos de Fontiñas afectados por el caso del policía local investigado por mordidas creen que el Concello de Santiago está actuando con «pasividade» a la hora de revisar sus propios actos administrativos, ya que estiman que el Ayuntamiento tendría que revisar la concesión de la licencia del edificio en el que viven y, al comprobar que el permiso de obra había caducado, decretar su nulidad. «O que nos din é que o asunto está en mans da fiscalía e que non van facer nada ata que non se pronuncie», señalan.
Además, ahora que el Concello ha remitido su expediente al juzgado, volverán a solicitar que se les permita personarse como acusación particular, algo que la jueza les denegó anteriormente.
Los que sí están ya personados como acusación particular son otros vecinos de Barral también afectados en el caso. Ellos también consideran que el Concello «no está haciendo lo suficiente» y ponen como ejemplo que enviaron el 30 de noviembre un correo electrónico al concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), solicitándole hablar del asunto y no han recibido respuesta. Además, recuerdan que han interpuesto un contencioso administrativo contra los permisos otorgados a una vivienda en la zona y que desde el Concello aún no han remitido el expediente al juzgado para que les dé traslado, por lo que les han apercibido de posibles multas.