El BNG insiste en que el PP torpedea políticamente el proceso, mientras que la Xunta acusa al Concello de fallos técnicos en la documentación
06 ago 2025 . Actualizado a las 18:20 h.La verdadera zona tensionada de Santiago de Compostela se encuentra, en estos momentos, en el interior del pazo de Raxoi. La decisión de la Consellería de Vivenda de desestimar la solicitud del Concello, que pretendía topar los precios de los alquileres, ha provocado un nuevo seísmo, la enésima brecha política entre el Ayuntamiento, liderado por el BNG, y la Xunta, comandada por el PP. Los primeros ven un claro intento político de torpedear el proceso, mientras que los segundos acusan al ejecutivo local de errores técnicos y de no acatar los requerimientos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). El procedimiento ha entrado en punto muerto.
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, verbalizó en la mañana de este miércoles el malestar que inunda Raxoi. Comenzó criticando que la resolución se envió antes a la prensa que al Concello, de ahí que admitiera que presentarán batalla e insistirán hasta que Santiago sea declara zona residencial tensionada: «Ó PP non lle interesa conter o prezo do alugueiro, pero como non pode denegar a nosa solicitude, xa que cumprimos cos requisitos legais, déixaa no limbo».
Sobre los requerimientos solicitados por el IGVS en julio, respondió que remitieron un escrito que se ha «ignorado». Explicó que en el diagnóstico de Concello sí se usaron datos oficiales, también los del propio instituto gallego de vivienda: «Só cos datos do IGVS abonda para declarar a zona tensionada. Do 2019 ao 2024, segundo o IGVS, o prezo do alugueiro medrou un 40,5 %, mentres que o IPC fíxoo un 20,8 %». Lestegás reconoció que buscarán reconducir el proceso, aunque no precisó concretamente cuál será el próximo paso: «Non desbotamos ningunha actuación, tamén a de recorrer a resolución, porque existe esa vía». Apuntó que la opción de acudir al contencioso-administrativo está encima de la mesa, aunque de manera paralela, ya que «pode tardar un ou dos anos en resolverse. Non queremos que isto quede parado. Ninguén escribe 13 páxinas se o que pretende é desistir».
Cuestionado por qué la Xunta sí ha dado el visto bueno a la declaración de zona tensionada en A Coruña, aunque esté gobernada por el PSOE, Lestegás esgrimió que «a situación política non é a mesma que a de Santiago». Afirmó que la dinámica de precios en ambas ciudades sí es similar, de ahí que no entienda el frenazo al proceso en la capital gallega. Sobre la rebaja de gran tenedor a aquellos que tengan al menos 5 inmuebles, afirmó que, aunque no se ha contemplado en A Coruña, sí se ha hecho en municipios como Pamplona y San Sebastián. Admitió que el Concello está dispuesto a eliminarlo si así lo considera la Xunta, siempre y cuando sirva para lograr la declaración de mercado residencial tensionado.
Las explicaciones de Lestegás chocaron con las declaraciones del mediodía de este miércoles de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que dijo que la decisión del IGVS se fundamentaba en cuestiones técnicas y no políticas. Fue una versión menos dura que la que expresó en Raxoi la concejala popular María Baleato, que definió al ejecutivo de Goretti Sanmartín de «incompetente. Cremos que non é tan difícil completar unha documentación e remitila no prazo establecido».
Tras acusar al gobierno municipal de actuar con soberbia y de manera chapucera, dijo que la Xunta no podía dar el visto bueno a la solicitud sin incurrir en una ilegalidad administrativa: «A intención da Xunta non é prexudicar ao Concello de Santiago. Si se cumpre o que di a lei, vai autorizalo. A Xunta actúa en base á seguridade xurídica, non á arbitrariedade. O Concello da Coruña empezou máis tarde que o compostelán, que suspende en todas as súas políticas de vivenda».
PSOE y no adscritos golpean a ambos bandos y piden que se topen los precios
El PSOE y los concejales no adscritos han aprovechado la última crisis entre Concello y Xunta para posicionarse en medio de esta nueva brecha política. Aunque con matices diferentes, apuestan por la declaración de Santiago como zona tensionada. Así lo reconoció este miércoles Mercedes Rosón, que afirmó que la decisión de la Xunta no estaba justificada correctamente y que además chocaba con un informe del propio IGVS, que ya en el 2023 señalaba los problemas de vivienda de la capital gallega: «Sinalaba que dos 17 códigos postais de Santiago, 12 tiñan un problema de tensión habitacional».
La edila también golpeó al BNG, al que acusó de «pecar de soberbia» al no atender a los requerimientos del IGVS: «Sabiamos que a Xunta ía poñer paus nas rodas, e o que non pode facer o goberno local é darlle escusas ás que o PP se poida aferrar». En una línea similar se expresó su anterior compañero de filas, Gumersindo Guinarte, portavoz municipal del PSOE, que pidió al Concello que abandone la confrontación con la Xunta y se centre en trabajar para avanzar en la declaración de Santiago como zona residencial tensionada: «Pensamos que o goberno da señora Sanmartín debe deixarse de misivas e de correspondencia epistolar coa Xunta». Le pidió a la nacionalista menos ego, que piense en la ciudadanía y que el ejecutivo local se siente «a traballar e modificar todo o que sexa necesario para que se culmine satisfactoriamente a declaración de zona tensionada».
Por ahora, solo descontrol de precios
Fue Montaigne el que dijo que «no hay razón que no tenga otra contraria». Ocurre sobre todo en las ciencias sociales, comúnmente inexactas al contar con una variable que nadie sabe cómo se comportará: el humano. En el caso del mercado de la vivienda, una facción cree que la clave está en ampliar la oferta, mientras que la contraria opta por su regulación. ¿Quién lleva razón? Ambas versiones tienen tantos defensores como detractores. Solo hay una cuestión 100 % real: el descontrol de precios crece mientras todos batallan y realizan sus cálculos políticos.