O el conselleiro de Educación (¿o debo ir a la moda y escribir la persona conselleira de Educación?) es un mentiroso —y si es así, por dignidad debería dimitir ya— o este país reclama a gritos que se cambie el estatus del funcionario. Resulta que desde que comenzó el curso suman 1.400 las bajas de docentes por enfermedad. Por supuesto, a aquel que de verdad esté enfermo hay que prestarle todos los servicios médicos necesarios, y cuanto antes.
Pero es extraño, o al menos me lo parece, que las bajas se concentren en un solo sector y no, por ejemplo, en Citroën. Alegan por ahí que en la comarca compostelana, y al parecer en la coruñesa, ataca de nuevo el covid, que en realidad nunca se ha ido, pero en mi ignorancia vuelvo a preguntar por qué el covid no afecta a Inditex, igual es que tienen vacuna especial pagada por Amancio Ortega.
Las lenguas viperinas hablan de profesores de la enseñanza pública que cogen la baja —digámoslo claro: vacaciones extra— justo por estas fechas un año sí y otro también, de algunos y algunas que no vuelven hasta después de Navidades, e incluso hay maledicencias dignas de fusilamiento al amanecer sin juicio previo que sitúan a algunos probos funcionarios en su casa hasta cerca del final del curso. Porque gente mala —los maledicentes, digo— la hay en todas partes, también en Santiago.
Creo no soltar una barbaridad al afirmar que lo que debe hacer el conselleiro de Educación es, por una parte, mandar inspecciones a diestro y siniestro, y por otra, hablar con su colega de Sanidade para que compruebe qué médicos reparten bajas como estampillas antes en las iglesias.
Los profesores de verdad, los que se dejan la piel en el aula, lo agradecerán.