El auto rechaza la acusación de falsedad y no ve irregularidades en las obras realizadas en Castrofeito y Pereira
12 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el alcalde de O Pino, Manuel Taboada (PP), y contra el arquitecto municipal y el delegado territorial de Fadesa. Habían sido imputados por falsedad documental y prevaricación por la tasación de los terrenos del polígono industrial -proyecto que no prosperó- y las obras de suministro de agua y saneamiento en Castrofeito y Pereira que, según la denuncia, podrían formar parte del plan de urbanización del polígono y se ejecutaron con fondos públicos.
La querella la interpuso el Sindicato Colectivo Independiente de Empleados contra la Corrupción, en abril del 2014, en Arzúa. El juzgado encargó dos informes técnicos, uno sobre el precio del terreno afectado por el proyecto y otro por las obras. En cuanto al primero, el valor dictaminado por el Xurado de Expropiación de Galicia fue de 6,05 euros por metro cuadrado y el arquitecto municipal estableció una tasación del ya expropiado y urbanizado de 100,53 euros el metro como garantía por las diferencias de valoración de las expropiaciones entre el importe establecido por la empresa y el calculado por los propietarios, que pusieron en duda la valoración de 6,05 euros el metro.
El perito considera válidas las estimaciones de costes que hizo Fadesa para ejecutar el polígono y calcula los gastos para transformar el suelo urbanizable en suelo industrial en 67 euros. Concluye que la valoración de Fadesa «no se puede considerar errónea, sino simplemente poco conservadora» y matiza que hay que diferenciar entre el valor de la expropiación de un terreno en base a su estado actual y la valoración como garantía financiera cuando cambia su naturaleza.
Sobre las obras en las dos parroquias, dice que los proyectos de Fadesa y los contratados por el Concello no están superpuestos. Así, la jueza desestima la querella al no apreciar irregularidades desde el punto de vista penal.