El Concello de Ordes llevará al Supremo las bases del Plan Único de la Diputación a pesar de los cinco varapalos judiciales previos

Álvaro Sevilla Gómez
Álvaro Sevilla SANTIAGO / LA VOZ

ORDES

Una obra de reurbanización de un calle de Ordes realizada con fondos del plan provincial
Una obra de reurbanización de un calle de Ordes realizada con fondos del plan provincial CEDIDA

El último fallo vuelve a dar la razón al texto al organismo provincial, que determina que las inversiones deben contar con el apoyo del pleno

05 nov 2023 . Actualizado a las 05:05 h.

¿Quién debe decidir a qué obras se dedican los fondos del Plan Único (POS+) de la Diputación de A Coruña? Esa es la pregunta que mantiene al ente provincial y al Concello de Ordes en un litigio judicial que arrancó en el 2020 y que está pendiente de su llegada al Tribunal Supremo. Aunque el reglamento actual indica que debe ser el pleno municipal el que marque el destino de las inversiones que procedan de dichos fondos, el regidor ordense, José Luis Martínez, mantiene que compete al alcalde, de ahí que haya recurrido los planes de los años 2020, 2021 y 2022. La última sentencia, dictada en octubre por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, da la razón a la Diputación, que desgrana que ha habido cuatro con mismo resultado.

Desde la institución coruñesa entienden que el pleno es el órgano más adecuado y garantista, y les sorprende también que, de los 93 concellos que hay en la provincia, sea solo el de Ordes el que haya decidido emprender esta batalla judicial, a pesar de que ha pasado de recibir 648.679 euros al año cuando la Diputación estaba gobernada por el popular Diego Calvo, a los 1.418.850 euros que ha ingresado este año. Explican además que las bases son las mismas que se han usado durante décadas en el POS y defienden que cuentan con un consenso general.

El alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo (izquierda) y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso
El alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo (izquierda) y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso

Los criterios utilizados actualmente para la asignación de los fondos valoran los siguientes parámetros: 10 % corresponde a una cuota fija; 5 % al esfuerzo fiscal de cada concello; 15 % al número de parroquias; 35 % a la población y el 35 % restante a la superficie. Insisten que, tanto la participación en el Plan Único, como decidir el destino final de los fondos —sean para gasto corriente, obras o social— debe determinarse mediante un acuerdo plenario.

A pesar de los recursos del Concello de Ordes, entienden que las sentencias avalan su postura, lo mismo que la visión de la Dirección General de Administración Local, que afirmó que el pleno es el órgano competente, ya que entrar en estos fondos implica decisiones de carácter presupuestario, así como la aceptación de competencias por parte de otra Administración, en este caso la Diputación.

Aunque acumula varios reveses judiciales, desde el Concello de Ordes se mantienen en la misma postura para tratar de modificar las bases actuales. Sobre las últimas sentencias indican que ya se ha realizado un recurso de casación, que ha sido presentado ante el Tribunal Supremo, donde sigue pendiente de admisión. La batalla judicial por las bases del Plan Único tiene aún un largo camino por delante.

«Acataremos o que digan os xulgados, pero polo de agora hai sentenzas contraditorias»

Desde el Concello de Ordes es su alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, el que explica que esta guerra judicial tiene una explicación. Recuerda la realidad que vivieron durante el período del 2015 al 2019, cuando gobernó en minoría: «En 2017 as obras decidíronas dende a oposición e foron de moi difícil execución, obrigando a facer múltiples modificacións dos proxectos». Afirma que ese escollo no solo perjudicó a su municipio, sino a muchos otros que, dice, ven como hay proyectos inabordables que luego debe ejecutar, tras múltiples problemas, el gobierno.

«Os técnicos municipais, así como o asesor xurídico, avalaron os informes sobre a nosa postura. Non se trata de perder o POS, pero vamos a seguir loitando para que se recoñeza que é unha competencia residual do alcalde», afirma Martínez, quien destaca que continuarán hasta que se cree una jurisprudencia sobre esta cuestión: «Acataremos o que digan os xulgados, pero polo de agora hai sentenzas contraditorias do TSXG en función da sala na que caia». Aunque cree que hay que escuchar las propuestas de la oposición, insiste en la necesidad de que sea el regidor el que pueda aprobar las inversiones. Sobre las sentencias que han ido recibiendo hasta la fecha, destaca que hay dos que dan la razón a los planteamientos esgrimidos por el Concello.