La solución de Silvouta decidida por Martiño Noriega para la nueva depuradora con el aval de reconocidos expertos de la USC parece razonable a primera vista en términos de plazos (recuérdese que para no perder los fondos europeos la instalación deberá funcionar en el 2023 como muy tarde); de costes, ya que serían de 40 millones frente a los 70 de O Souto (ojo, una cosa es lo que se pueda calcular ahora y otra distinta la inversión presupuestada y aun la final); de consumo energético (se habla del 40 % menos); y de impacto ambiental y patrimonial (la nueva depuradora no afectaría más terrenos que los ya ocupados por la actual EDAR de Silvouta). Hasta aquí todo bien. Más que bien, formidable, aunque con todas las prevenciones porque el escueto informe solo da para esbozar unas ideas generales. Sin embargo, hay un gran escollo: los vecinos y el colegio del entorno de la depuradora contaban que su vieja lucha para alejar la EDAR de sus narices estaba ganada desde que el compromiso de Conde Roa en el 2011 dio lugar al ahora decaído proyecto de O Souto. Silvouta era el emplazamiento más lógico porque no se iban a crear más problemas de los que ya pudiera haber, pero la mediación del TSXG en el 2015 tumbando el proyecto pergeñado, con Bugallo al mando, para instalar la nueva planta en la misma zona pero del otro lado del Sar trastocó los planes del recién llegado Noriega. Hasta que la solución fue encontrada ahora en los recovecos de los avances tecnológicos. ¿Serán suficientes para convencer y no vencer a los vecinos? ¿Y para salvar el trámite ambiental? Después de dos años y medio perdidos, conviene despejar de inmediato los interrogantes que ahora surgen.