En tres meses cazó 17.000 infracciones y el PP ve desafuero recaudatorio
30 oct 2020 . Actualizado a las 21:06 h.El radar de Conxo se ha estrenado con cifras de vértigo: 17.094 sanciones en tan solo tres meses. Han sido casi ocho fogonazos por hora desde que comenzó a funcionar, lo que ha pulverizado incluso el techo de registros del Hórreo, en el 2018. El túnel más céntrico de la ciudad había concluido aquel año cazando a un total de 6.955 infractores, prácticamente 580 de media mensual. Esa media, en el caso de Conxo (en la SC-20), se eleva a 5.698, una cifra «pantagruélica» para el PP y que evidencia, según Alejandro Sánchez-Brunete, que su ubicación responde a intereses recaudatorios.
Para el portavoz popular, esas cifras -él mismo las dio a conocer ayer tras demandárselas al gobierno local- evidencian que no hay efecto disuasorio y que el Concello debería pararse, ver si está mal señalizado e indagar en qué falla. Probablemente «no haya que establecer el límite de velocidad donde está», defiende Brunete, quien desde antes incluso de la instalación de ese sistema de control en Conxo inició una cruzada contra una ubicación que ayer calificó de «desolladero de conductores». Para Brunete, esa localización solo obedece a un interés recaudatorio: «doloroso» para los afectados, «bueno» para quienes tiene rendimiento económico. Un rendimiento que no será menor.
La estimación recaudatoria de los populares apunta a más de dos millones de euros
Los populares estiman que el importe de esas sanciones superará los dos millones de euros (solo con un mínimo de 100 euros por multa, ya se acerca a ellos), de los que la empresa que gestiona su cobro se queda el 26 % de lo recaudado. Y eso sin contar las que aportará el radar de O Restollal. En funcionamiento desde febrero, el nivel de actividad de este último no tiene nada que ver con el de Conxo. Aunque los ingresos que aportará al Concello no serán desdeñables, están lejos de los del túnel de la SC-20. O Restollal ha acumulado 4.524 infracciones desde el 10 de febrero, muy lejos de los registros del punto de control instalado en Conxo. El PP no ha hecho sangre en este caso. No cuestiona la idoneidad de su localización. Puede ser útil para la seguridad vial, sostiene.
Pero el de Conxo «ya es harina de otro costal». Ahí, los populares insisten en que no hay más interés que el recaudatorio. «Lo cuestionamos desde que descubrimos indicios, casi pruebas, de que se instaló más por criterios de rentabilidad económica que de seguridad y de que fue la empresa la que promovió esa ubicación», recordó ayer su portavoz.
Bugallo, el guepardo del tráfico
El gobierno local defiende que las localizaciones de esos sistemas de control se deciden en base a informes de la policía y que ese ha sido el caso también en Conxo, aunque Brunete advierte que su formación no dejará de investigar «y seguiremos desentrañando las claves de una decisión injusta e indiscriminada» que «sangra» a los ciudadanos y, además, con un mecanismo que supone una «subversión de la legalidad y la proporcionalidad tributaria a base de multas indiscriminadas».
El nivel sancionador en Conxo en solo un trimestre equivale a la mitad de las multas que se pueden imponer en la ciudad en un año
El nivel sancionador en Conxo en solo un trimestre equivale a la mitad de las multas que se pueden imponer en la ciudad en un año, en torno a las 34.000, lo que, en opinión de Brunete, muestra la «impostura de los presupuestos municipales, que estimaban un efecto muy limitado del radar» en la recaudación. El Ayuntamiento ha convertido ese tramo del periférico, dice, «en un desolladero de conductores», en una «trituradora de economías domésticas» y en un ejemplo de la «voracidad recaudatoria» sin tener en cuenta la contención recaudatoria, es decir, apunta Brunete, la aplicación de «tributos justos y no de multas injustas».
Una voracidad que ha hecho de Sánchez Bugallo, dice el popular, el Usain Bolt de la «recaudación sancionadora», el «guepardo del tráfico rodado», porque, aventura, con esas cifras, el de Conxo debe de ser el radar con mayor recaudación de Galicia. Brunete apela a que el gobierno local reconsidere su posición sobre esa ubicación y a que tome conciencia de que «algo está fallando» y de que «esto es un desafuero», en vez de «enrocarse y cerrar filas con la empresa».
