A unos días de que comience el curso escolar 2008-2009, en el que todas las comunidades autónomas están obligadas a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en dos cursos de Secundaria, se acrecienta la polémica sobre el rechazo de algunas familias a que sus hijos reciban clases de esta materia.
Así, el enfrentamiento entre autonomías gobernadas por el PP y el Gobierno de la nación se hace más acusado. De hecho, Madrid sigue liderando la rebelión contra una asignatura aprobada por el Parlamento en la Ley Orgánica de Educación (LOE), al legislar que los objetores a esta materia realizarán tareas de voluntariado en el centro escolar o trabajos relacionados con la Constitución española o los derechos humanos.
Pero como esta postura no es compartida por todas las comunidades en manos de los populares, por ejemplo Castilla y León y Navarra no amparan la objección de conciencia, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en la reunión del comité ejecutivo que va a convocar a todos los consejeros de Educación de su partido para unificar criterios sobre Educación para la Ciudadanía.
Aunque De Cospedal no aclaró en qué sentido irán las directrices, más tarde Mariano Rajoy, el presidente del partido, aclaró que no le parece mal plantear un alternativa a EpC, y se mostró a favor de ejercer el derecho de objeción de conciencia para no cursar la asignatura. «Esta es la opinión de la inmensa mayoría de mi partido y de los tribunales», aseguró el líder del PP, que añadió: «Esta asignatura no tiene ninguna utilidad y supone un adoctrinamiento indebido. Sus contenidos se estudian en las clases de matemáticas, de lengua y en la vida misma, no solo en una asignatura».
Sin embargo, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, respondió que Esperanza Aguirre, presidenta madrileña, tiene que cumplir la ley como todo el mundo. «Espero que no haya querido marcar un órdago político cuando estamos hablando de educación, en concreto de educación en valores», señaló.
Cabrera aclaró que su ministerio estudiará plantear un recurso a la circular de la Consejería de Educación regional en la que explica a los centros escolares qué hacer con los alumnos objetores, en el momento en que la propuesta sea oficial. Insistió en que no cursar EpC tendrá las mismas consecuencias que no dar Matemáticas o Lengua.