La reforma de la normativa seguirá su tramitación sin el preceptivo estudio, que no es vinculante
24 jul 2009 . Actualizado a las 09:35 h.En un hecho sin precedentes en la historia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pleno de este organismo no logró tomar una decisión sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. En consecuencia, por primera vez en 29 años una iniciativa legislativa del Gobierno no llevará el preceptivo informe, no vinculante, de este órgano consultivo. La ponencia, que se decantaba por la constitucionalidad de la normativa, fue elaborada por la vocal Margarita Uría, elegida por el PNV. Luego fue aprobada por la comisión de estudios, con tres votos a favor y dos en contra. Y ayer, en el pleno, no fue posible conseguir una mayoría de 11 votos sobre 21 para informar sobre la nueva ley del aborto.
El contratiempo para el Gobierno, al no contar con el informe positivo del CGPJ, fue causado porque el presidente, Carlos Dívar, elegido por José Luis Rodríguez Zapatero, sumó su voto al de los nueve vocales nombrados por el PP para evitar que el informe saliera adelante. Por el contrario, los nueve miembros elegidos por el PSOE contaron con el apoyo de la ponente, pero no con el del vocal de CiU, Ramón Camps, que se abstuvo. Resultado: diez a diez.
El CGPJ se planteó la posibilidad de devolver la cuestión a la comisión de estudios, pero lo descartaron, porque era el segundo informe que no salía adelante. Y como se habían solicitado dos prórrogas al Gobierno, finalmente comunican que es imposible emitir un informe. De todas formas, si el Ejecutivo solicitara uno nuevo, el poder judicial estudiaría repetir el procedimiento.
Gabriela Bravo, portavoz del Consejo, reconoció que la ley del aborto ha generado «polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas» en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces. «Pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha podido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante», indicó.
El vocal de CiU justificó su abstención porque, aunque estaba de acuerdo «con la viabilidad constitucional de la introducción de un sistema de plazos», considera que «no se ajusta a la Constitución, principalmente con relación al sistema de garantías».
El trabajo elaborado por Uría considera constitucional la ley de plazos, con aborto libre hasta las semana 14 de embarazo. Señala que este sistema «no supone la desprotección penal de la vida del nasciturus» y sí «una renuncia a castigar penalmente durante un plazo determinado, concreto y limitado». También sugiere ciertos cambios, como que se informe a los padres cuando las mujeres que quieren abortar tengan entre 16 y 18 años. Y añade: «No obstante, circunstancias excepcionales deberían poder fundamentar la no información en beneficio de la menor».
Sin embargo, el pleno sí rechazó ayer, por once votos en contra, otro informe contrario a la reforma que se decantaba por la inconstitucionalidad de la ley, presentado por el vocal conservador Claro José Fernández.