Si hace algo más de dos años se le preguntase a algún analista si España iba a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones a los que se comprometió en la firma del Protocolo de Kioto, su respuesta muy probablemente sería un no rotundo. O, si fuera más prudente, apuntaría a que lo tenía francamente difícil. Pero la situación ha dado un vuelco radical y España, pese a que sigue siendo uno de los países europeos más alejados en el cumplimiento de su límite de emisiones, tiene posibilidades reales de salirse con la suya, aunque con matices. A diferencia del conjunto de la UE, para el que Kioto estableció una reducción de un 8% en la generación de gases de efecto invernadero, España podía aumentarlos en un 15% de cara al 2012 con respecto al año base de 1990, ya que se tuvo en cuenta que era un país en desarrollo.
Sin embargo, las cifras de España muy pronto se mostraron muy por encima del límite exigido, hasta el punto de que en el año 2007 había acumulado un incremento de un 53% con respecto a los niveles de 1990.
Pero la realidad ahora es otra. El cambio de tendencia, que ya se había esbozado tímidamente en el 2006, irrumpió con fuerza en el 2008, con una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 8% y este año se espera llegar a una disminución de hasta el 9%.
Situar el cupo máximo en el 2012 en el 15% es poco menos que imposible, pero la evolución favorable de los últimos años permite llegar al objetivo mediante la compra de derechos de emisión a los países menos contaminantes (a los que España pagará cerca de cien millones de euros) y con la aplicación de mecanismos de desarrollo limpio en los menos desarrollados.