Si la condena impuesta por el tribunal indio parece un sarcasmo (dos años de cárcel y una sanción en rupias equivalente a 8.900 euros), mucho más criticable nos parece el largo proceso que ha seguido este pleito en los tribunales norteamericanos y en los tribunales indios, un verdadero viacrucis jurídico para las víctimas y sus representantes -como las que describe Dominique Lapierre y Javier Moro en su libro Era medianoche en Bhopal, una minuciosa descripción de la tragedia humana y una documentada reclamación de justicia.
La muy discutible Bhopal Gas Leak Disaster Bill de 1985 con la que el Gobierno indio despojó a la víctimas de su derecho de invocar responsabilidades contra el mismo (y a cambio se obligaba a suministrar provisionalmente a las víctimas los medios para su sustento; que no siempre llegaron), la injustificada sentencia del Tribunal de Distrito de Nueva York de 12 de mayo de 1986 renunciando a conocer el fondo del asunto (dejándolo, en virtud de la regla del forum non conviniens, en manos de la jurisdicción india), el mal acuerdo transaccional de 14 de febrero de 1989 entre las partes en el Tribunal Supremo de la India por el que este obligaba a Union Carbide Corporation al pago de 470 millones de dólares como plena satisfacción de todas la pretensiones, derechos y responsabilidades (muy por debajo de lo que los tribunales norteamericanos hubieran señalado en un caso tan catastrófico)?, son algunos de los datos jurídicos de este asunto que ponen de manifiesto la impunidad con la que han actuado algunas empresas matrices bajo lo que en la doctrina jurídica se denomina el «velo de las sociedades multinacionales».
Una vez más resulta oportuno reclamar, frente a estos fatales fallos de la globalización, efectivos mecanismos de responsabilidad internacional empresarial. Lo exige el necesario principio de la solidaridad intrageneracional en la lucha contra la contaminación, pero, sobre todo, lo demandan urgentemente las víctimas.