Los servicios sociales aseguran que la joven madre no está escolarizada, ni fue sometida a vigilancia médica durante el embarazo.
04 nov 2010 . Actualizado a las 02:59 h.La Fiscalía de Sevilla ha iniciado una investigación para determinar si en el caso de la niña rumana de 10 años que dio a luz la pasada semana se ha vulnerado el derecho a la protección de los menores. Los servicios sociales de la localidad donde residen han señalado que la joven madre no está escolarizada ni fue sometida a vigilancia médica durante el embarazo.
Las diligencias de investigación se han abierto de oficio tras surgir la polémica por la edad de la madre, apenas 10 años, y determinar si sus padres han incumplido su obligación de escolarizarla o incluso facilitar un seguimiento médico de su complicada gestación, que no fue conocida por las administraciones hasta que ésta llegó al hospital para dar a luz, de forma natural, a un bebé de 2,9 kilos. Fue precisamente el hospital quien dio parte al juzgado tras activar el protocolo de actuaciones que obliga a notificar los partos de madres menores de 13 años, la edad legal para las relaciones consentidas en España.
Los primeros pasos del expediente se han centrado precisamente en contactar con los servicios sociales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), donde reside la menor. No obstante, según ha detallado la alcaldesa de la localidad, María José Fernández, la familia ha tratado de eludir cualquier contacto con la administración y ha impedido el acceso a la vivienda donde residen a los trabajadores sociales. Por ello, no descartan pedir incluso una autorización judicial para conocer el estado de la menor y de la recién nacida y las condiciones higiénico-sanitarias del domicilio.
Fernández ha explicado que hay versiones contradictorias sobre el tiempo de estancia de la niña en nuestro país, y que varía desde el pasado verano a las últimas semanas. La familia, de etnia gitana, se habría asentado en la localidad sevillana porque en ella ya residía un tío de la pequeña. Asimismo, la alcaldesa ha confirmado que no estaba empadronada en la localidad ni recurrió a los servicios sociales o sanitarios. Por su parte, el padre del recién nacido, según cuenta la familia, también es menor de edad pero se quedó en Rumania, por lo que la «relación» entre ambos se rompió cuando la niña se trasladó a España ya embarazada.
La Junta de Andalucía también está haciendo seguimiento del caso, y los padres-abuelos mantendrán la tutela de la menor y su bebé si no se detecta ninguna anomalía, según confirmaba la propia consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, ha insistido en que se estará «vigilante» y se brindará todo el apoyo a la familia porque lo importante es proteger a ambos menores.