Las sanciones económicas oscilan entre los 100.000 euros de multa por una falta leve hasta los 50 millones de euros para las infracciones muy graves, según consta en el anteproyecto.
03 feb 2011 . Actualizado a las 18:08 h.El Gobierno aprobará mañana previsiblemente la nueva Ley del Juego, que regulará todas las modalidades de juegos de azar y apuestas, entre ellas las que se realizan por internet, por el teléfono móvil, por sistemas interactivos o mediante herramientas informáticas.
El proyecto de ley que tiene ultimado el Gobierno prevé además la creación de un impuesto, diferente para cada tipo de actividad, para las empresas que operan en este sector, y que se cargará sobre los ingresos brutos de cada compañía.
El Ejecutivo pretende con esta legislación reforzar la protección de los consumidores y prevenir delitos como la estafa o el blanqueo de capitales, además de impulsar esta actividad económica.
Además, el texto que ultima el Gobierno apuesta por una modernización del sistema actual mediante la conversión del organismo Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad empresarial en la que podrá participar el sector privado.
La futura legislación prevé la articulación de un régimen sancionador que será tutelado por un regulador único, similar a la actual Comisión Nacional del Juego, pero ampliada con representación de las comunidades autónomas.
Las sanciones económicas oscilan entre los 100.000 euros de multa por una falta leve hasta los 50 millones de euros para las infracciones muy graves, según consta en el anteproyecto.
La legislación prevé una regulación específica para LAE y para la ONCE.
El director de Loterías y Apuestas del estado, Gonzalo Fernández, ha defendido la necesidad y la urgencia de una norma que regule de una forma «clara y precisa» el sector y que además garantice los derechos y las obligaciones de todos los operadores y de los jugadores.
Ante la próxima transformación de LAE en sociedad empresarial y la entrada de capital privado que ello propiciará, Fernández ha observado que la mayoría accionarial (el 70 por ciento) de esa sociedad seguirá siendo pública.
Aparte de los juegos tradicionales y de los productos como los ofertados por la ONCE, el juego «on-line» ha conseguido atraer a casi 400.000 usuarios en España durante los últimos años y ha generado beneficios que en 2010 superaron los 300 millones de euros.
Las organizaciones que agrupan a las principales empresas que operan en el sector del juego «on-line» han coincidido en la necesidad y urgencia de regular esta actividad, pero han criticado la fiscalidad prevista en el proyecto de Ley y han advertido de que una fiscalidad excesiva puede provocar un encarecimiento de los productos y que los consumidores opten por acudir al mercado negro para buscar la suerte.
El borrador que ultima el Gobierno prevé gravar la actividad de esas empresas con un tributo que se aplicaría sobre el volumen total de negocio, pero la industria del sector defiende que ese impuesto se debería aplicar sobre las ganancias que resulten después de descontar el dinero que han destinado a premios.