El congreso de EE.?UU. lleva unos meses debatiendo dos proyectos de ley, SOPA y PIPA, que se traducen, respectivamente, como Ley para detener la Piratería en Línea y Ley para la Protección de la Propiedad Intelectual, y que se pueden considerar el equivalente estadounidense de nuestra denostada ley Sinde. Hay poco que los ciudadanos de otros países podamos hacer para oponernos a ellas, pero eso no quiere decir que no deba importarnos, pues no solo afectan a los ciudadanos y empresas de EE.?UU.
SOPA, de hecho, se atribuye jurisdicción sobre todas las direcciones de Internet terminadas en .com, .net y .org, y hace lo mismo con todas las direcciones IP gestionadas por el Registro Americano para Números de Internet, aun cuando estas incluyen también las de Canadá y una veintena de países del Caribe. Y sin una dirección IP un ordenador no se puede conectar a Internet.
Se atribuye también jurisdicción sobre sitios que no especifican bajo qué jurisdicción operan, y obliga a sus titulares a aceptar la autoridad de los tribunales estadounidenses para poder oponerse a cualquier acción contra ellos, como podría ser el bloqueo por direcciones IP o su exclusión de los buscadores.
Además, millones de personas de todo el mundo usamos a diario servicios como Wikipedia, Reddit, WordPress o blogs que podrían ver su existencia amenazada por SOPA, pues el mero hecho de enlazar a un sitio que contenga a enlaces sometidos a derecho de autor está penado.
Por otra parte, la estrategia de EE.?UU. en el ámbito de la propiedad intelectual hace tiempo que es la de exportar -imponer- sus ideas a otros países, como ha pasado con laley Sinde en España y con el tratado ACTA, así que es más que probable que intente lo mismo con SOPA.
La tramitación de estas leyes está detenida por la oposición de la Casa Blanca ante el temor de que puedan ser utilizadas para censurar contenidos, pero no me extrañaría que volvieran, cual zombi; no hay que bajar la guardia.