El Gobierno puede «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados» y también racionar el consumo de productos de primera necesidad
13 mar 2020 . Actualizado a las 16:55 h.El elevado contagio del coronavirus ha acelerado la compleja decisión del Gobierno de decretar mañana el estado de alarma en toda España. Horas antes, el lendakari, Iñigo Urkullu, anunció la activación de la «Declaración de Alerta o Emergencia Sanitaria» en el País Vasco con motivo de la pandemia, una medida que permite el confinamiento de personas en sus domicilios, la restricción del acceso a determinadas zonas, o la limitación de servicios públicos o del consumo de bienes. También Portugal ha decretado hoy el «estado de alerta» por el coronavirus que permite al Gobierno luso adoptar medidas más contundentes frente a la enfermedad.
La declaración del estado de alarma es una de las vías de las que dispone el Gobierno de España con carácter extraordinario ante las consecuencias de pandemias como la del coronavirus. Permite, entre otras cosas, limitar movimientos de personas e intervenir locales o edificios de cualquier naturaleza, como pueden ser los hospitales privados. Su activación también facilita el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas previstas para el próximo 5 de abril, si finalmente se considera oportuno posponerlas.
Hasta ahora, las autoridades españolas habían apelado a la responsabilidad ciudadana y de las empresas para adoptar en la medida de lo posible el teletrabajo, evitar los desplazamientos e incluso salir a la calle para realizar encuentros de trabajo o de ocio. Pero la realidad es que los hospitales están al borde del colapso en muchas ciudades y las terrazas y cafeterías siguen llenándose de gente a todas horas en buena parte de España.
Esta figura jurídica es la segunda vez que se activa en España. En diciembre del 2010 el Gobierno de Zapatero declaró el estado de alarma para anular una huelga de controladores que amenazaba con paralizar el tráfico aeroportuario. Gracias a esa medida excepcional, el Ejecutivo español cerró el espacio aéreo del país y puso en manos del Ejército los centros de control.
El artículo 116 de la Constitución contempla los estados de alarma, excepción y de sitio, siendo el menos severo el primero de ellos. Tienen vigencia «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes», según establece la Ley Orgánica 4/1981 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio.
Plazo máximo de 15 días
«El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración», dice el citado artículo de la Constitución.
El principal cometido del estado de alarma es proteger a la sociedad del riesgo que está sufriendo. En este caso estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes debido a una pandemia global del COVID-19 y con un nivel de contagio muy elevado. Este estado de alarma implica que el Gobierno puede:
1) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
2) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
3) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
4) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
Ello permite al Gobierno de España ordenar el uso de hospitales privados para aliviar el sobrecargado sistema sanitario público que en algunos centros sanitarios está al borde del colapso.
El artículo noveno de la citada ley orgánica establece que «todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria».
El estado de alarma se activa a través de un decreto autorizado en el Consejo de Ministros y entra en vigor a partir de su publicación en el BOE y puede tener una duración máxima de 15 días. En esta primera etapa no requiere la intervención del Congreso de los Diputados -cuyas sesiones están suspendidas por la emergencia sanitaria del coronavirus- y el Ejecutivo solo está obligado a comunicarlo a la cámara baja. En caso de necesitarse más tiempo el artículo sexto de la ley establece que «solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga».