La decisión del alcalde de cerrar la vivienda comunitaria provoca una tormenta política con sus socios del PSOE y la Xunta abre un expediente al Concello
26 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Apenas cinco meses llevan juntos en el gobierno loca el alcalde de Monterroso, Antonio Gato, y los tres concejales del PSOE, y todo parece que acabará en breve, con lo que en menos de un año de mandato el Concello vivirá dos crisis de gobierno, tras el cese que emitió Gato en el verano contra sus tres compañeros de lista independiente.
El detonante de la pérdida de confianza mutua entre Gato y el PSOE fue la decisión del alcalde de cerrar el viernes la vivienda comunitaria en la que residen ocho mayores. La posibilidad de que una trabajadora del centro estuviese afectada por el coronavirus porque su marido había estado con otra persona que se sospechaba que lo tenía fue el motivo que esgrimió el alcalde.
Pero la decisión acabó en una denuncia en la Guardia Civil por parte de familiares de los residentes ya que consideraban no justificado el cierre. El grupo municipal del PSOE, que lidera Rafael García, y que tiene asignada la delegación de servicios sociales, arremetió en un comunicado contra la decisión del alcalde, en el que señalaba que había sido una decisión «desacertada, xerando unha alrma innecesaria».
Luego, se pudo comprobar que la trabajadora no tenía el coronavirus, pero el alcalde emitió una nota en la que justificó la medidas «para velar pola saúde pública» y arremetía contra algunos familiares «pola súa carencia de solidaridade co ben común» y contra el portavoz del PSOE, al que acusa de desleal y de querer llegar a la alcaldía. Por su parte, Rafael García, señala que la deslealtad fue del alcalde «por tomar unha decisión unilateral, sen consultar co seu goberno nin coas autoridades sanitarias que son as que nos deberían marcar o protocolo». Desde el PSOE señalan que seguirán llevándole a los vecinos los productos que necesiten y pasada la crisis sanitaria «analizaremos a situación e tomaremos unha medida». Gato dijo en el citado comunicado que «obrarei en consecuencia».
Por su parte, la Xunta abrió un expediente por el anuncio de cierre en el que se dice que la decisión del alcalde no estaba amparada legalmente y que tenía que haber sido informada al tener las competencias en materia de servicios sociales.