El Consejo de Estado recrimina al Gobierno la falta de una ley estatal para la pandemia

El organismo cuestiona la constitucionalidad de la  ley gallega que obliga a la población a vacunarse


la voz

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo español, que emite sus dictámenes para el Tribunal Supremo, ha recriminado al Gobierno la falta de una legislación adecuada para afrontar la pandemia.

En el dictamen en el que analiza un posible recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega 8 /2021 de salud en la que se incluye la posibilidad de obligar a las personas a vacunarse, el organismo reconoce que «con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública».

Añade además que «precisamente, la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad del coronavirus ha puesto de manifiesto que la regulación de los mecanismos extraordinarios previstos en la legislación sanitaria para tutelar la salud pública en este tipo de situaciones presenta carencias por la falta de concreción de cuatro aspectos: las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable; y los términos y alcance de la garantía judicial».

En cuanto al análisis de un posible recurso contra la ley 8/2021, los expertos concluyen que «la constitucionalidad de la facultad de vacunación obligatoria contemplada en la Ley gallega, al igual que la del resto de medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas introducidas en el nuevo artículo 38.2 de dicha Ley, debe ser analizada, y en su caso cuestionada, a la vista del orden de distribución de las competencias normativas en la materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica 3/1986».

Explican que la ley gallega cuestionada «incluye la vacunación obligatoria como una delas medidas susceptibles de ser adoptadas por las autoridades autonómicas en cualesquiera situaciones de grave riesgo para la salud pública». Y recuerdan que «se trata de una norma de alcance general que ha sido aprobada en un momento en el que existe (...) un Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Estrategia de Vacunación, aprobado el 28 de enero de 2021 con la oposición de cuatro comunidades autónomas —entre ellas Galicia—, en el que se prevé que la vacunación ‘no es obligatoria'».

El dictamen recuerda que este acuerdo de la Interterritorial es «de obligado cumplimiento» y deja ver que el problema es que «la Ley gallega y el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se sitúan, sin embargo, en planos diferentes. La Ley es una norma general que faculta a las autoridades autonómicas para la imposición obligatoria de una vacuna en cualesquiera situaciones de grave riesgo para la salud pública. El Acuerdo es un acto ejecutivo que prevé el carácter voluntario de la vacuna en el concreto caso de la epidemia del coronavirus y que es vinculante en este ámbito para todas las comunidades autónomas, incluida Galicia».

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