La norma que castiga el prejuicio, la marginación, las vejaciones o la exclusión de cualquier ciudadano
23 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Discriminar en España ya nunca más saldrá gratis. El que fue lema vital y político del socialista Pedro Zerolo, el padre de la ley del matrimonio homosexual, fallecido justo hace siete años, ya no es un deseo o una reivindicación, sino una realidad. El Senado, tras cuatro intentos parlamentarios fallidos a lo largo de tres lustros, completó ayer la aprobación de la primera ley española para la igualdad de trato y la no discriminación, un texto que su firmante, el grupo socialista, apoda como ley Zerolo, en homenaje a quien la promovió y defendió desde el 2007 hasta su muerte.
La norma que castiga el prejuicio, la marginación, las vejaciones o la exclusión de cualquier ciudadano, sea como sea o venga de donde venga, sale adelante en vísperas de la fiesta del Orgullo por abrumadora mayoría. La respaldan dos tercios del Parlamento, todos los grupos salvo los del PP y Vox. A favor de la ley, que entrará en vigor en cuestión de días, en cuanto el Congreso ratifique las enmiendas de última hora del Senado, votaron los dos socios del Gobierno, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y todos los minoritarios.
Esta norma no genera nuevos derechos, pero se afana en que se respeten todos los existentes, con el objetivo de que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, etnia, edad, sexo u orientación, religión, convicciones, discapacidad, religión o situación socioeconómica. Busca que la máxima sea una realidad en la escuela, el empleo, la policía, los tribunales, las compras, el acceso a locales públicos y el mundo digital. En este último plano incide una de las novedades introducidas en el Senado, a propuesta del PNV, que obliga a todo sitio web y app a ser accesible para cualquier usuario, con especial atención a las personas mayores o discapacitadas. La ley crea una autoridad independiente para apoyar a las víctimas y perseguir las vejaciones e impulsar sanciones. Y persigue los comportamientos que no son delito, pero sí discriminación y discurso de odio, tanto en el ámbito público como en el privado, y establece sanciones que pueden llegar al medio millón de euros.
¿Quién vigilará?
La persecución de la discriminación y la imposición de sanciones es tarea de la Administración concernida en cada caso. Pero, se crea la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, un cargo unipersonal y con autonomía funcional, similar al Defensor del Pueblo, que propondrá el Gobierno y ratificará el Parlamento por un plazo de cinco años. Apoyará a las víctimas, será órgano de mediación, investigará de oficio o a demanda, impulsará acciones judiciales y reclamará sanciones administrativas.
Injusticias de cada día
Como ejemplos de los comportamientos a desterrar o castigar están evitar que a alguien se le niegue un alquiler o la compra de piso por ser gitano, la entrada en una discoteca o en un comercio por ser inmigrante, discapacitado o negro, recibir tratamiento médico por ser lesbiana o que pierda el trabajo por llevar hiyab.
Algoritmos segregadores
La norma incorpora medidas como la revisión de los algoritmos que usa la Administración en la toma de decisiones, para evitar que tengan sesgos discriminatorios, o la pérdida de la subvención de los centros educativos que obstruyan el acceso de alumnos por sexo u otras características personales.
Las multas
Las sanciones irán de leves (300 a 10.000 euros) a graves (10.001 a 40.000) o muy graves (40.001 a 500.000). Las más graves son la discriminación múltiple, el acoso y la presión a la autoridad. Las multas de más de 300.000 euros las impondrá el Consejo de Ministros. El dinero irá a sensibilizar contra estos prejuicios.
Agravante de funcionario
Para graduar el variado abanico de sanciones se tendrá en cuenta la intencionalidad, el daño, los afectados, la reincidencia, la repercusión social. La multa siempre llegará al tope si la comete un trabajador público en su función. Cuando haya indicios fundados de trato discriminatorio será el denunciado quien deba probar su inocencia.
Invierte la carga de la prueba
Un elemento trascendental para el éxito de la ley es que invierte la carga de la prueba. Si hay indicios fundados de discriminación será el sospechoso quien deba probar que no la cometió.
Delito contra gitanos
Una enmienda de PSOE, Podemos y Ciudadanos reforma el Código Penal y convierte el llamado
antigitanismo
, la incitación al odio o la discriminación de esta etnia, en un delito idéntico al antisemitismo o al racismo (castigado, por tanto, con entre 1 y 4 años de cárcel).
El antigitanismo
pasa a ser de forma explícita un delito de odio con el mismo castigo, 1 a 4 años de cárcel, que el antisemitismo
Cierres y pérdidas de ayudas
Las faltas muy graves, además de conllevar multas, pueden acarrear pérdidas de ayudas o contratos, pago de indemnizaciones o el cierre del local o el cese temporal de la actividad profesional por un máximo de cinco años. Para casos leves y graves, las multas se podrán sustituir por cursos o labores de reparación del daño.
Fiscalía especial
La nueva norma modifica el Estatuto Fiscal para consagrar por ley la existencia de la Fiscalía de Delitos de Odio con la máxima categoría y con delegados y medios propios en todas las provincias.