El fondo de garantía de alimentos para rupturas familiares solo llega a uno de cada tres solicitantes

Es una de las herramientas de la Administración para combatir la pobreza infantil menos conocida, pero quienes recurren a ella ven defraudadas sus expectativas, lo que contribuye a que cada vez se utilice menos. Se trata del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (FGPA), un instrumento del Estado creado en el 2008 para que, en las rupturas familiares, los menores tengan garantizada su pensión de comida en caso de que el progenitor no pague lo que le corresponde.

El Tribunal de Cuentas es el encargado de gestionar este fondo público, que proporciona una cobertura de hasta 100 euros al mes por hijo, y con la mayoría de edad como límite, para los beneficiarios. Es una ayuda exigua, pero supone un pequeño desahogo en familias con ingresos muy bajos, donde hasta el último céntimo cuenta. Son las madres separadas con sueldos que no llegan a los 900 euros, y que cuidan en solitario de sus hijos, las que más necesitan recurrir a este fondo al desentenderse sus exparejas de su obligación de abonar la pensión alimenticia. Este impago agrava la situación de los menores y de las propias familias monoparentales, precisamente las que presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social en España. Su vulnerabilidad es mucho mayor que la del conjunto de la población, especialmente cuando están encabezadas por mujeres. Lo cierto es que, siendo una herramienta importante para aliviar estos casos extremos, la mayor parte del dinero destinado a mejorar esas situaciones tan crudas se queda sin gastar.

Basta el ejemplo de lo sucedido en el 2022, el último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en el que se tramitaron 1.748 solicitudes y solo se respondió positivamente a 554, el 32 % de las peticiones; apenas una de cada tres. Es el segundo peor dato desde la creación de este instrumento estatal, solo por detrás del registrado en 2008, cuando se puso en marcha, y muy lejos del mejor año (2015), cuando se contabilizaron 4.607 solicitudes, de las que fueron aceptadas unas 2.500, el 48 %.

La mayoría de las denegaciones (el 82 % del total) obedecen a que el solicitante desiste en pleno proceso administrativo y a que las familias superan los ingresos exigidos. Tanto el Tribunal de Cuentas como los abogados de familia, el cuerpo de letrados que mayormente representa a los solicitantes de estas ayudas, han observado que un elemento que contribuye al desistimiento es la falta de una resolución judicial que ordene ejecutar el pago de la pensión. Y sobre los ingresos familiares, ambos organismos advierten de que el acceso al Fondo exige disponer de una renta significativamente inferior al umbral de la pobreza, o sea, vivir en la precariedad total. Concretamente, el umbral de la pobreza del INE asigna unos ingresos de 13.114 euros anuales a una familia monoparental con un hijo, pero para acceder al Fondo esta familia solo podría ingresar 10.168 euros, el 78 % del total.

Por eso, los abogados de familia creen que, según los criterios establecidos por el Estado, solo pueden acceder al fondo las familias en pobreza «muy extrema», y siempre que cuenten con una sentencia favorable para ejecutar el pago de la pensión, lo que se puede prolongar en el tiempo. «El acceso al Fondo exige estar en una situación superlímite y acudir previamente a la ejecución judicial de la pensión impagada, lo que retrasa la protección. Por eso hay mucha gente que desiste, y los que deciden continuar tienen difícil acceder a esas ayudas. Por eso creemos que aunque puede ser una herramienta muy útil contra la pobreza, el Fondo ha sido un fiasco», señala María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa),

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