El Observatorio de Derecho de Familia: «No es lógico que un juez tenga que decidir si el niño va a inglés o a yudo»
SOCIEDAD
Las disputas por la elección del colegio y los gastos en actividades extraescolares son las más habituales entre los padres divorciados a la hora de ejercer la patria potestad Acaparan el 47 % de los desacuerdos, según un informe del Observatorio de Derecho de Familia presentado ayer en el congreso que reúne en Madrid a 600 abogados de familia, así como a jueces y fiscales especializados en esta rama del derecho.
Los conflictos a la hora de elegir el centro escolar (público, privado o concertado) representan el 26 % y las discrepancias sobre la elección de las actividades extraescolares alcanzan el 21 %. Los siguen los asuntos relacionados con los tratamientos psicológicos (el 19 %) y los asociados al cambio de residencia (el 16). También hay un 7 % de desavenencias de índole religiosa, como la celebración de la primera comunión. Así lo refleja el informe Principales motivos de desacuerdo en la crianza de los hijos, elaborado a partir de las respuestas remitidas por los más de 2.700 letrados que forman parte de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa).
Los letrados creen que los progenitores podrían recurrir a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos antes de llevar sus disputas ante un juez. Muchos de estos desacuerdos se suelen resolver mediante el llamado expediente de jurisdicción voluntaria, procedimiento rápido que no requiere de un proceso contencioso. Pero estos expedientes «ponen en evidencia» la incapacidad de los progenitores de llegar a acuerdos. En estos casos, ambas partes deben defender su postura y el juez, después de oír a los padres, otorgará la facultad de decidir a uno de ellos.
«Se abusa de la jurisdicción voluntaria, en tanto que estas decisiones relativas a los hijos las deberían tomar los padres», afirma Beatriz de Pablo, vicepresidenta de la Aeafa. «A veces uno de los padres se opone sin motivo alguno, solo por llevar la contraria. No se observan razones de peso para oponerse a una ortodoncia, una actividad deportiva o una clase de idiomas», ilustra De Pablo. «No parece lógico que un juez, con la carga de trabajo que tiene y la cantidad de procesos judiciales que se instan en este país, tenga que decidir si un niño, que no es su hijo, deba ir a inglés, francés, flauta o yudo», añade.