La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que existe un «iceberg del odio» donde más de la mitad de los agredidos no denuncia
17 may 2024 . Actualizado a las 13:41 h.La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) ha presentado, con motivo del Día contra la LGTBIfobia, su informe anual sobre los delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia, un problema que continúa en aumento. El estudio revela que más de la mitad de los agredidos no denunció.
Una de las principales conclusiones del Informe Estado del 2024 es que, mientras las personas LGTBI+ afirman haber sufrido 57.000 agresiones físicas o sexuales en los últimos cinco años, el Ministerio del Interior solo ha registrado 1.738 actos de odio entre el 2018 y 2022, es decir un 0.57 % del total.
Según datos estimados del CIS, la población LGTBI+ en España se eleva a 3.500.000 personas de más del 80 % han sufrido, en algún momento un acto o un delito de odio. Según Felgtbi+, alrededor de 350.000 personas del colectivo han sido agredidas física o sexualmente desde el 2019, aproximadamente un millón han sido acosadas y cerca de 1.100.000 han sufrido discriminación.
El estudio muestra que más de la mitad no ha llegado a denunciar la agresión. El 33 % de las personas que no denunciaron no lo hicieron porque pensaron que no iba a servir para nada y casi un 20% por miedo a la «respuesta LGTBIfóbica» por parte de la policía. Además, en casi 1 de cada 5 casos, se llamó a declarar a la persona denunciante para investigar otro caso diferente al suyo.
El secretario de Organización de la Federación, Ignacio Paredero, explica que «las cifras recogidas por el informe de la Federación se acercan bastante a los datos oficiales de Inglaterra y Gales, por lo que podemos sospechar que en España nos encontramos ante un problema de infradetección. Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio».
Agresiones
El 40 % de los encuestados afirma haber sufrido una agresión sexual con intimidación y casi el 30 % una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo). De las discriminaciones, más de un 40 % tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45 con la denegación de algún derecho.
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha incidido en que «con estas cifras en la mano, seguimos reivindicando a Interior una mayor eficiencia en la recogida de datos. También exigimos que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género».
Sangil ha denunciado el peligro de los discursos de odio «y es que, las palabras tienen consecuencias. Por eso, reivindicamos un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables que ya apoyan más de una decena de ONG y los principales sindicatos. Frenemos el odio que amenaza nuestra convivencia. Hagamos de nuestros valores democráticos, nuestra manera de vivir».
028, el teléfono arcoíris
El teléfono 028 de atención a víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia ha prestado asistencia, desde su puesta en marcha el pasado mes de julio, a un total de 6.700 personas, con una media de 700 llamadas cada mes.
Así lo ha explicado este viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha visitado la sede del 028, el «teléfono arcoíris», un servicio de emergencia de ámbito nacional, gratuito y confidencial para víctimas de estos delitos de discriminación y odio. La línea funciona los 365 días del año, 24 horas al día.
«Es un teléfono de ayuda, de apoyo a la diversidad, porque la diversidad es riqueza, es progreso, es creatividad, y la diversidad nos hace mejores como sociedad, como personas, por supuesto, como sociedad democrática», ha recalcado Redondo.
Con motivo del Día contra la LGTBIfobia, la ministra ha destacado la importancia de este servicio, que presta un asesoramiento completo, desde jurídico, psicológico y también laboral, especialmente en un contexto de «crecimiento de los delitos de odio», ha reseñado la ministra.
También cuenta con un servicio de chat o de correo electrónico, que desde el ministerio informan que la mayoría de consultas por esta vía fueron de asesoramiento legal
Ana Redondo ha recordado los datos del Ministerio de Interior, que ponen de manifiesto cómo los delitos contra el colectivo LGTBI son los segundos que más están creciendo. «Estamos preocupados. Nos preocupa el repunte de estos delitos de odio que vienen promovidos sobre todo por la derecha y la extrema derecha», ha dicho la ministra, que alerta del peligro que suponen estos discursos de odio para la convivencia y la seguridad del colectivo.
Ha denunciado los «discursos homófobos y tránsfobos» y se ha comprometido en trabajar por erradicarlos para poder avanzar en derechos y en igualdad.
Preguntada por los datos del informe de la Federación Estatal LGTBI+, Redondo ha reconocido que pueden existir «algunas disfunciones o desfases en datos».
Sobre la denuncia de la Felgtbi+, que habla de miedo a la hora de denunciar por actitudes homófobas por parte de la policía, la ministra ha admitido que aún existe «miedo» y «vergüenza» a la hora de denunciar. «Creo que tenemos que intentar que la sociedad avance en el reconocimiento de la diversidad como una riqueza y como algo positivo» y que «la gente no sienta miedo a denunciar, sino que se sienta segura», ha confiado.
Preguntada sobre el reconocimiento de las personas no binarias, Redondo ha reiterado que esta cuestión no está recogida en el acuerdo de Gobierno y que es «prioritario» avanzar en el mismo. No obstante, la ministra ha dicho que «es verdad que es una cuestión sensible y compleja, y todas las cuestiones complejas hay que trabajarlas, hay que estudiarlas, hay que debatirlas».
Así, ha añadido que «hay que ponderar distintos intereses que están en juego». En primer lugar, ha agregado que está en juego el interés de la seguridad jurídica, la competencia de las comunidades autónomas y el compromiso social. «En ese sentido, y en el juego de sus derechos e intereses, iremos avanzando, pero como digo, no es un asunto que forme parte del acuerdo de gobierno, y en este momento no es un elemento esencial, sustancial», ha destacado.