El abogado defensor del primer litigio climático en España: «El plan es dar la batalla en todos los tribunales»
SOCIEDAD
Jaime Doreste, que representa a cinco asociaciones ecologistas y sociales, recurrirá a a la justicia europea si el Constitucional acaba desestimando la demanda en la que se acusa al Estado de inacción contra el cambio climático
01 jul 2024 . Actualizado a las 09:54 h.Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo presentaron hace unos días ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción ante el cambio climático. Esto constituye el primer litigio climático de la historia del país.
Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes, aclara que el juicio por el clima se inspiró, sobre todo, en el caso Urgenda, un fallo histórico en Países Bajos que obligó al Gobierno del país a comprometerse firmemente para reducir sus emisiones en el 2020 hasta un 40 % con respecto a 1990. Por insuficiencia, no solo no cumplían con los compromisos internacionales de mitigación climática, sino que además comprometían los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.
«Entonces planteamos, ¿cómo no intentar una situación semejante en España cuando nuestro país es, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el país más expuesto a riesgos ambientales climáticos?», reflexiona el abogado ambientalista.
Es por eso, que recurrieron al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establecía un objetivo de reducción de emisiones de solo el 23 %, un número insuficiente, según Doreste, si se tienen en cuenta los riesgos para el país. A su vez, resalta el papel del Convenio de París, que exige a los estados hacer todos los esfuerzos posibles para que no se supere el grado y medio de incremento de temperatura para finales del siglo con respecto a los niveles preindustriales, por lo cual se debe fijar un objetivo de reducción de emisiones acordes a ese objetivo y a las capacidades del país. «España, como otros países de la Unión Europea tiene capacidad para mucho más que ese 23 %», afirma.
El abogado retrata un escenario de mediados de julio del 2023. En medio de una ola de calor se estaban llevando a cabo manifestaciones en contra del cambio climático en el país. Paradójicamente, en ese momento les llegó que el dictado: la sentencia fue desestimada. El Supremo se excusó en que no podía modificar el objetivo de mitigación climática, ya que eso es una potestad del poder ejecutivo o legislativo, pero en ningún caso del judicial.
«Allí lo que se les olvidó es que, según la Doctrina Europea de Derechos Humanos, cuando lo que se trata es de la protección de los derechos humanos amenazados por riesgos ambientales, sí que le permite al tribunal entrar a valorar cómo se estaban llevando a cabo estas políticas climáticas», argumentó. A su vez, el Supremo menosprecio la sentencia histórica del caso Urgenda, ya que las acciones de los magistrados holandeses no eran de su interés. «Es indiscutible que la sentencia de un tribunal holandés no vincula a un tribunal español», comenta el abogado, «pero el problema era que la doctrina del caso Urgenda estaba basada en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción sí que está sometida España».
El tema de derechos humanos no fue respondido por el Supremo, es por eso que los demandantes enviaron una solicitud de complemento de ese intento, reclamando respuesta. Al no recibir respuestas del tribunal, y con motivos de la publicación de la sentencia de las KlimaSeniorinnen (un grupo de mas de 2.000 mujeres suizas mayores de 65 años que forman parte de una oleada de litigios por el clima exigiendo a su gobierno que rinda cuenta en los tribunales), se pidió un impulso procesal, es decir una manifestación de que estaban pendientes a la contestación, y además mostrando el caso suizo. Al día siguiente obtuvieron una respuesta: «No hay nada que aclarar ni completar de la sentencia».
Es por eso, que, según el abogado, decidieron tomar el siguiente paso procesal: una demanda de amparo. Alegaban que el PNIEC vulneraba los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras por la insuficiencia de las medidas previstas, y que el Tribunal Supremo también vulneró los derechos, ya que no entró a resolver sobre el fondo, en base a un argumento que no era ajustado al derecho, ya que la separación de poderes no impide revisar la política climática gubernamental.
Jaime comenta que ahora están a la espera del Tribunal Constitucional, pero «este no resuelve sobre el fondo, no dudaremos en seguir un camino procesal equivalente al de las Klimaseniorinnen, e interponer nosotros también una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por estos motivos». Sin embargo, todavía están en la fase previa, agotando la vía interna. Para que vayan al tribunal europeo, lo primero que debe pasar es que el Tribunal Constitucional desestime la demanda. Aclara que no van a rendirse: «el plan es agotar todas las instancias y dar la batalla en todos los tribunales que se puedan».