El Gobierno da poder a la presidencia de RTVE para ejecutar ceses y contratos
SOCIEDAD
La medida urge a la renovación del consejo de administración antes del 23 de noviembre
24 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La nueva presidencia de RTVE tendrá más poder ejecutivo y más capacidad de decisión para evitar la interinidad y el aplazamiento de las decisiones que debían pasar por el consejo de administración. De este modo, situaciones como el desacuerdo con la mediática contratación de David Broncano, que hizo caer a la anterior presidenta interina y a un directivo, no volverían a producirse.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el decreto que rebaja la mayoría parlamentaria requerida para renovar el consejo de administración de RTVE, por lo que entrará en vigor este jueves y su renovación tendrá que producirse antes del 23 de noviembre. Hace un mes que la actual presidenta interina, Concepción Cascajosa, tenía que haber sometido a votación su continuidad al cumplirse los seis meses de mandato establecidos, pero suspendió el pleno sin que se produjese la votación al reclamar un método de voto secreto que, debido a la configuración de la mesa, no podía producirse.
Ahora el real decreto aprobado el martes por el Gobierno que reforma la ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal para renovar el Consejo de Administración de RTVE reduce la mayoría parlamentaria necesarias para su renovación (de dos tercios a mayoría absoluta) y da más competencias a la persona que ostente la presidencia.
Además, aumenta de diez a quince el número de consejeros, de los que 11 serán votados por el Congreso y 4 por el Senado (donde tiene la mayoría el Partido Popular).
La persona que ocupe la presidencia podrá nombrar y cesar al equipo directivo, algo que hasta ahora debía hacerse mediante una propuesta al consejo de administración, para que sus miembros lo sometieran a votación.
Podrá también dar el visto bueno a «la organización básica de la Corporación RTVE y sus modificaciones», es decir al organigrama del ente público, además de aprobar todos los contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos que no superen los dos millones de euros. Será el o la responsable de los ficheros automatizados de la Corporación y tendrá que velar porque se cumpla la legislación de protección de los datos personales.
Otra misión que se le otorga es la de dirigir y coordinar las actividades de los órganos directivos de la corporación, de acuerdo a las directrices del consejo, y «conferir y revocar poderes», además de proponer el nombramiento y cese de administradores de las sociedades filiales.
El argumento del Gobierno es que pretende «simplificar la gestión de la corporación, manteniendo el consejo, como no puede ser de otro modo, la supervisión, administración y gobierno de la entidad».
Todos los miembros de este nuevo Consejo pasarán a tener dedicación exclusiva y estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas para evitar el «asalto político» al consejo de RTVE por parte del Gobierno de Sánchez, quien, según el PP, busca «controlar la gestión» y «los contenidos» del ente público. Así se recoge en una pregunta parlamentaria que ha registrado la portavoz parlamentaria del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, que atribuye al decreto «el objetivo de controlar la gestión, y por ende los contenidos, de la radiotelevisión pública».
Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE, el órgano interno de los trabajadores de los servicios informativos de la corporación pública, rechazó esta decisión del Gobierno y pidió mantener un «concurso de méritos» para la elección de los consejeros. En un comunicado, los trabajadores de RTVE denuncian que el decreto «abre la puerta a rebajar la mayoría necesaria para nombrar» a los nuevos consejeros.
La Federación de Sindicatos de Periodistas también lamentó la reforma realizada por el Gobierno sobre RTVE.