La organización ambientalista deberá pagar 620 millones de euros a la petrolera Energy Transfer
30 mar 2025 . Actualizado a las 19:56 h.Una de las mayores organizaciones ambientalistas se encuentra al borde de la quiebra. Greenpeace perdió la semana pasada un juicio en los Estados Unidos en el que estaba acusada de pagar a manifestantes contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte, además de por causar daños y perjuicios a la empresa de hidrocarburos Energy Transfer, al difundir noticias falsas. Tendrá que abonar el equivalente a 620 millones de euros, una cantidad que afecta a la matriz Greenpeace Internacional y a dos de sus filiales norteamericanas, y que podría obligar a clausurar su sede en Estados Unidos, según reconoció la propia organización.
«Muy probablemente Greenpeace tenga que declararse en bancarrota en los Estados Unidos y cerrar sus oficinas en Washington y San Francisco tras más de medio siglo defendiendo el planeta», mantuvo en un comunicado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
La historia de este caso se remonta al 2016, cuando los nativos de la reserva indígena de Standing Rock, en Dakota del Norte, protestaron por la posible aprobación de un oleoducto que pasaría cerca de sus territorios y por debajo del lago Oahe. Las manifestaciones duraron varios meses, y Greenpeace apoyó la causa del «pueblo originario» y los «protectores del agua» contra el proyecto Dakota Access, de unos 1.800 kilómetros de longitud y que atravesaría en diagonal tres estados estadounidenses. Al presentar el desarrollo, que transportaría 750.000 barriles de petróleo al día, se calculaba una inversión de 3.500 millones de euros. Comenzó a funcionar en mayo de 2017 y sigue a pleno rendimiento.
El decreto que aceleró la puesta en marcha de petroleras en los Estados Unidos
Rodeado de polémica y con varios frentes legales abiertos, el proyecto estaba paralizado, en parte por orden de la administración de Barack Obama, hasta que Donald Trump llegó a la presidencia. En el 2017, firmó un decreto a favor del desarrollo rápido de este y otros negocios petroleros, que desatascó el inicio de las obras.
«Su campaña fue financiada, entre otros, por Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer», acusa Greenpeace, una vez que un jurado de Dakota del Norte, un estado donde la empresa «tiene gran poder de influencia sobre la comunidad», decidió su culpabilidad. En la condena por daños y perjuicios, el 60 % de los 620 millones de euros se atribuye a lo que en la justicia norteamericana se conoce como «daños punitivos», una forma de imponer un duro castigo que sirva de ejemplo.
«Nos complace enormemente que Greenpeace haya rendido cuentas por sus acciones contra nosotros y que el jurado haya reconocido que estas no fueron protestas pacíficas y respetuosas con la ley, como se intentó afirmar», mantuvieron los abogados de Energy Transfer, tras el juicio. Durante el mismo, alegaron que los manifestantes fueron «financiados y entrenados» por la organización ambientalista. «La protesta pacífica es un derecho inherente a los estadounidenses, pero la protesta violenta y destructiva es ilegal e inaceptable», dijeron.
Contraataque de Greenpeace en Europa
Mientras reúne apoyos y donaciones de sus seguidores y voluntarios, Greenpeace ha apelado la resolución judicial. «Nunca han buscado justicia, sino intimidarnos. Es parte de una estrategia global que ya hemos tenido que enfrentar en otros países como Italia, por la energética ENI; Francia, por TotalEnergies; o Reino Unido, por Shell; para desgastar a quienes se atreven a criticar los combustibles fósiles y los abusos de las grandes corporaciones», reta Saldaña.
La directora ejecutiva de la organización a nivel nacional aclara que «Greenpeace España es una entidad legal distinta a las dos demandadas». Por ello, su actividad en el país, y en general en Europa, seguirá pase lo que pase en Estados Unidos.
Greenpeace ha contraatacado en los tribunales de Países Bajos, donde demanda a Energy Transfer por iniciar juicios «abusivos» en casos civiles, basados en reclamaciones infundadas contra manifestantes. Estos procedimientos judiciales se conocen como «Slapp» (de las siglas en inglés de demanda estratégica contra la participación pública) y la Unión Europea legisló para evitarlas, aunque no se ha resuelto aún ningún caso. «Será la primera gran prueba de la directiva «anti-slapp» del continente. Este veredicto no es el final de nuestra lucha contra las grandes corporaciones», dice Greenpeace, que habla de «racismo» al «borrar el liderazgo autoorganizado de los pueblos originarios» y de tratar de empujarlos «a la quiebra».