Ordenan el desahucio de la fundación Montserrat Caballé, en la que vive el hermano de la soprano, por un impago de 41.200 euros

Isabel Urritia Cabrera MADRID / COLPISA

SOCIEDAD

Monserrat Caballé durante la presentación del Festival Internacional de Música de Galicia del 2002 en Santiago de Compostela
Monserrat Caballé durante la presentación del Festival Internacional de Música de Galicia del 2002 en Santiago de Compostela SANDRA ALONSO

La soprano, el hermano y sus padres perdieron su casa en la posguerra y se vieron obligados a dormir en la plaza Catalunya

22 jul 2025 . Actualizado a las 16:12 h.

La soprano catalana Montserrat Caballé (1933-2018) llegó a ser la número uno en el mundo de la ópera y ahora su apellido copa titulares por un desahucio que golpea tanto a su hermano, Carlos Caballé Folch, como a la fundación privada que lleva el nombre de la cantante. El Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona ha fijado para el 3 de octubre de 2025 la ejecución de un desahucio motivado por una deuda de alquiler que supera los 41.200 euros. La exclusiva avanzada por El Español, que ha tenido acceso a gran parte de la documentación relativa al caso, arroja detalles llamativos a la luz de la trayectoria de la artista.

Pese al éxito del que gozó Montserrat Caballé, con un caché a la altura de su fama y capacidad de influencia, la situación de su familiar más cercano, el hombre que cumplió con la función de mánager y confidente durante más de seis décadas, se encuentra en «una situación de penuria económica y riesgo de exclusión residencial», en palabras del informe de servicios sociales que ha aportado el letrado David Martínez, designado de oficio a petición de la hija de Carlos Caballé. El hermano mayor de la soprano tiene 89 años y vive en el mismo edificio de la Fundación en la calle Muntaner, en pleno Eixample barcelonés. Se trata de un piso por el que paga una renta mensual de 1.200 euros, cantidad superior a su pensión, que no alcanza los 1.000 euros al mes

El local de la fundación ocupa la planta baja, con una renta aproximada de 1.700 euros mensuales. Los contratos de arrendamiento se firmaron con la sociedad Puntí S.L., considerada «gran tenedora» al poseer más de diez inmuebles urbanos. Ambos inquilinos aceptaron abonar las rentas mediante domiciliación bancaria y dejaron de hacerlo de forma regular desde agosto de 2023. En el caso particular de Carlos Caballé, el abogado ha invocado la protección a colectivos vulnerables reconocida en la normativa catalana de vivienda, así como el Real Decreto-ley 11/2020 que permite suspender lanzamientos cuando concurre gran tenedora y vulnerabilidad acreditada.

La hija como presidenta

La falta de red familiar de apoyo, su edad avanzada y la ausencia de vivienda alternativa han sido argumentos claves para solicitar la suspensión cautelar del desahucio del hermano de la cantante. Por lo que respecta a la fundación privada Montserrat Caballé, dedicada entre otras cosas al mecenazgo de artistas, a estas alturas queda claro que no cuenta con recursos económicos para mantenerse a flote. Constituida en Barcelona, es una entidad con personalidad jurídica propia que se ha financiado hasta ahora mediante patrocinios privados, ingresos de galas benéficas y cesión de derechos de imagen. Tras el fallecimiento de la cantante en 2018, la presidencia recayó en su hija, Montserrat Caballé Claus, que ha impulsado proyectos como la creación de un museo dedicado a su madre y ha mantenido activo el Concurso Internacional de Canto que lleva el nombre de la diva.

El desahucio, programado para octubre, pone en entredicho la preservación de un legado artístico universal y la gestión económica de unos herederos sin la solvencia de antaño. Según la demanda de Puntí, Carlos Caballé adeudaría un total de 22.500 euros por impagos casi continuados desde el verano de 2023 hasta ahora, mientras que la fundación tendría una deuda adicional de 18.700 euros. Un total de 41.200 que le podría salir caro a la familia. Es paradójico que la pesadilla se repita: la soprano, el hermano y sus padres perdieron su casa por impago en plena posguerra y se vieron obligados a dormir en la plaza Catalunya. De momento, no obstante, el juzgado no ha emitido un pronunciamiento definitivo por lo que el desalojo podría aplazarse o incluso anularse.