Nacho Cano, sobre las consecuencias del caso Malinche: «Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen, que lo paguen»
SOCIEDAD
El compositor detalla en «El Hormiguero» su versión sobre la querella contra la jueza del caso y los episodios que, según él, han afectado su vida personal y profesional
10 sep 2025 . Actualizado a las 11:30 h.Nacho Cano, compositor y productor musical, acudió a este martes a El Hormiguero pocos días después de querellarse contra la jueza del caso Malinche —que ha sido archivado provisionalmente por la Audiencia Nacional— y lo que prometía ser una entrevista sobre su carrera y su nuevo proyecto teatral terminó en una serie de revelaciones explosivas que dejaron al plató en silencio.
«Esto empieza antes de lo que todo el mundo piensa», arrancó Cano, recordando la Medalla al Mérito Cultural que le entregó Isabel Díaz Ayuso en 2021 y por la que, asegura, comenzaron sus problemas. Cano agradeció públicamente la decisión de mantener abiertos los teatros durante la pandemia, una medida que, según explicó, permitió que sus compañías no tuvieran que cerrar. Señaló que este reconocimiento coincidió con un cambio en su relación con algunos sectores políticos y mediáticos, aunque insistió en que su intención no fue posicionarse políticamente: «Solo le agradecía una decisión que impidió que cerrásemos mis compañías», declaró.
Cano relató un incidente ocurrido en mayo del 2023, cuatro días antes de unas elecciones autonómicas, cuando presuntamente tres hombres entraron en su vivienda mientras él estaba en IFEMA. Según su versión, no se llevaron objetos de valor y solo doblaron una manta. Cano interpretó este hecho como como un mensaje: «Estate calladito», dijo. Decidió reforzar la seguridad de su casa con puertas blindadas, además de revisar la presencia de cámaras en la zona.
El relato continuó con los becarios mexicanos contratados para Malinche. Según Cano, una de las estudiantes fue retirada del proyecto tras «montar mucho lío» y acabó en la comisaría de Leganitos. Durante seis meses, detalla, se tramó lo que él califica como «una operación» que culminó en la detención de los becarios y la suya propia, acusados de delitos que considera falsos. «El policía que se queda conmigo me dice que es uno de los que fue a mi casa cuando lo del robo», explicó ante Pablo Motos, sin omitir nombres ni detalles.
Cano vinculó los procedimientos judiciales y policiales a decisiones administrativas, incluyendo la actuación de la jueza Inmaculada Iglesias y del comisario Alberto Carba. Señaló que estas intervenciones afectaron a contratos y colaboraciones profesionales, incluyendo la retirada de promociones relacionadas con Malinche. Además, relató que teme por su seguridad personal: «Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen», declaró en el programa, subrayando la gravedad que atribuye a los episodios vividos.
El público y el presentador se mantuvieron en un respetuoso silencio. Pablo Motos permitió que Cano contara su versión de los hechos de manera cronológica, desde el reconocimiento de Ayuso hasta la preparación de su nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, cuya disputa legal con el Consell de Ibiza por la denominación comercial de la isla aún no tiene resolución.
Cano también se detuvo en la repercusión mediática: la difusión inmediata de la detención de los becarios, la retirada de promociones como la de Renfe para Malinche, y lo que él percibe como una persecución concertada entre medios, instituciones y fuerzas de seguridad. «Estamos en un momento muy malo», sentenció, «gobernados por esta banda criminal. Nos gusta reírnos en El Hormiguero, pero hay que hablar y denunciar esto».
Qué es el caso Malinche
El caso Malinche se originó a raíz de la presunta contratación irregular de becarios mexicanos para el musical Malinche. Nueve meses después de la mediática detención de Cano y tres empleadas, la Audiencia Provincial de Madrid acordó el sobreseimiento provisional de la causa. El tribunal consideró que los implicados no intentaron introducir a los becarios de manera clandestina, sino siguiendo un procedimiento habitual: entrar como turistas y solicitar posteriormente el visado de estudiante, práctica permitida por la normativa de la Unión Europea. La Sala precisó que, aunque el procedimiento podría no ser el más adecuado, no constituía el delito de tráfico de personas previsto en el artículo 318 bis del Código Penal.
Asimismo, los magistrados señalaron que los becarios realizaban formación artística y académica a través de un centro autorizado, y que no era necesario su alta en la Seguridad Social. La denuncia de explotación laboral, según la resolución, no se acreditó, aunque se reconoció que los horarios y asignaciones podían ser distintos a los habituales dada la naturaleza de un musical. La Audiencia concluyó que no era necesario prolongar la instrucción, y que el juzgado solo podría reabrir la causa ante la aparición de nuevos hechos presuntamente delictivos. Tras conocerse el archivo, Cano anunció que presentaría una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias.