Un mes del suicidio de la niña de 14 años Sandra Peña: ¿en qué punto está la investigación?

Roberto Ruiz Oliva REDACCIÓN / AGENCIAS

SOCIEDAD

Los padres de Sandra Peña en su declaración ante la Fiscalía
Los padres de Sandra Peña en su declaración ante la Fiscalía María José López | EUROPAPRESS

La menor, que se precipitó desde una azotea, sufría acoso escolar. La familia lo denunció en su colegio, pero las medidas no fueron suficientes

14 nov 2025 . Actualizado a las 11:07 h.

El suicidio de Sandra Peña, la alumna de 14 años que estudiaba en el colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla, ha reabierto el debate sobre el acoso escolar, mientras avanza la investigación sobre los hechos y la familia de la menor la recuerda este viernes con una misa justo un mes después.

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, la menor decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa, lo que motivó la apertura de una investigación tanto por parte de la Policía Nacional como de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Esta administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio privado concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación.

¿Inacción del centro escolar?

Desde que se conociera el suicidio de Sandra, su familia -que había denunciado previamente la situación de acoso que padecía- autorizó la publicación de imágenes de la menor para que su historia no quedara en silencio y anunció que emprendería todas las medidas legales necesarias ante la que consideró inacción del centro escolar.

Pocos días después de la trágica muerte de la adolescente, el portavoz de la familia y tío de la menor, Isaac Villar, explicó que la única medida adoptada por el colegio había sido al parecer cambiar de aula a las presuntas acosadoras tras una petición de la madre.

La situación que padecía Sandra habría comenzado hacía un año y se acentuó en verano, cuando la joven comenzó a recibir ayuda psicológica, algo que fue comunicado incluso mediante una denuncia formal.

Reacción social

Tras los hechos, una serie de pintadas con mensajes como «cómplices» o «asesinos» en la fachada del centro reflejaron el enfado, la rabia y la impotencia en su entorno, mientras que la difusión en redes sociales de imágenes que señalaban a las presuntas acosadoras llevó a la Fiscalía de Menores a solicitar su retirada.

El Ministerio Público decidió finalmente abrir dos expedientes tras el suicidio de Sandra: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba.

En el marco de esta investigación -que se suma a la emprendida desde un primer momento por el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional que, entre otras diligencias, analizó el móvil de la menor y redes sociales-, esta misma semana han declarado ante la Fiscalía tanto los padres de Sandra como cuatro docentes del centro.

Los progenitores mantienen la esperanza de que se depuren responsabilidades «ejemplarizantes» cuanto antes para evitar que casos como el de su hija se repitan, mientras que desde el colegio sostienen que activaron los protocolos internos de acoso y conductas autolíticas, aunque estos no se comunicaran al sistema Séneca de la Consejería.

Cuestionan los protocolos frente al acoso

Mientras avanza la investigación judicial en curso -en la que también han sido citadas para la próxima semana las presuntas acosadoras-, el suicidio de Sandra ha reabierto el debate social sobre la eficacia de los protocolos frente al acoso escolar y llevó a miles de estudiantes, el pasado 28 de octubre, a secundar una huelga y concentrarse en distintas provincias para exigir medidas.

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) se ha urgido igualmente a una evaluación independiente y anual de los protocolos de prevención del acoso escolar en todas las comunidades autónomas y a reforzar la figura del coordinador de bienestar para que no sea «simbólica».

En el caso de Andalucía, la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, anunció la puesta en marcha de nuevos recursos didácticos contra el acoso escolar y defendió el compromiso de los centros docentes en esta materia que es «labor de toda la sociedad».

Decenas de familiares de niños y niñas víctimas de acoso escolar o de menores que se han suicidado se concentraron asimismo el pasado 6 de noviembre -Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar- frente al Congreso para exigir que «legislen ya» y modifiquen los protocolos de actuación de los centros educativos, que a su juicio «no funcionan».

La asociación Trencats, que agrupa a padres de niños víctimas de acoso escolar, algunos de los cuales se han suicidado, ha mostrado además en una carta su «indignación» a la ministra de Educación, Pilar Alegría, por la falta de respuesta a sus demandas, entre ellas una ley que evite más casos de suicidio por acoso escolar.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que España no puede perder a más niñas, niños y adolescentes por culpa del acoso, «una violencia muy real» que se extiende 24 horas en la red, y ha subrayado que casos como el suicidio de Sandra no pueden volver a producirse.

Mientras el debate sigue en la calle y la lucha efectiva contra el acoso escolar continúa siendo para muchos una asignatura pendiente, justo un mes después del suicidio de Sandra, la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Sevilla, en el Cerro del Águila, celebra esta tarde una misa en su recuerdo, un acto religioso al que está previsto que acudan familiares y allegados de la menor.