Galicia, la comunidad con la tasa de pobreza infantil más baja de España

Mientras los indicadores económicos presentan cada año mejor salud en España, una realidad silenciosa avanza en sentido contrario, la de los miles de niños y adolescentes que viven con grandes y limitantes carencias. Con la tasa de pobreza infantil monetaria más alta de la Unión Europea —29,2 %—, nuestro país cuenta con casi 2,7 millones de menores en riesgo de exclusión social —el 35 %, uno de cada tres—, según los últimos datos de Unicef. «Ser un niño pobre en España no significa necesariamente no tener un techo bajo el que cobijarse ni pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de estar malnutrido, no tener acceso a estudios o residir en una vivienda poco saludable», señaló ayer el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, durante la presentación del informe «El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España». La tasa gallega, del 18 %, es la más baja de todo el país.

Las cifras evidencian una tendencia sostenida que, lejos de revertirse, se ha intensificado con respecto a años anteriores, al contrario que la de la pobreza en adultos, que parece haberse corregido. El análisis desagregado por tipo de hogar confirma la persistencia de las desigualdades estructurales. Tanto los monoparentales como los encabezados por migrantes presentan tasas de pobreza infantil cercanas al 50 %, cifra que se mantiene prácticamente estable desde hace diez años. También hay grandes diferencias por territorios. Mientras en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias casi la mitad de los niños y adolescentes están en riesgo, en el País Vasco y Baleares esta condición se presenta en uno de cada cuatro. Estas variaciones internas sugieren que las condiciones socioeconómicas y las políticas autonómicas ejercen en determinados territorios un peso más significativo en este ámbito que en otros, que la pobreza a edades tempranas también es una cuestión de código postal.

Los fríos porcentajes se traducen en inquietantes consecuencias. Además de vaciar la nevera y enfriar las casas, la pobreza infantil deja huellas profundas: un niño criado en esta situación tiene dos años de retraso educativo respecto a sus compañeros con más recursos, y sus probabilidades de sufrir depresión se disparan hasta un 45 % en situaciones severas. La salud futura, el acceso al empleo y el bienestar emocional quedan marcados desde los primeros años de vida. Es, recuerda Unicef, «una forma de hipotecar el futuro».

Todo esto tiene un coste económico que paga el país entero: 63.000 millones de euros al año, una factura equivalente al 5,1 % del PIB. ¿Y qué se está haciendo? España ha desplegado en los últimos años herramientas como el ingreso mínimo vital (IMV) y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI) para sostener a las familias y evitar caídas aún más profundas. Sobre el papel son medidas potentes, pero en la práctica arrastran un problema que las desactiva parcialmente: más de la mitad de las familias que podrían recibir el IMV no lo solicitan, y en el caso del CAPI, quienes están en disposición de percibirlo y no lo piden son hasta el 72 %. Miles de niños quedan fuera por exceso de burocracia, desconocimiento o miedo al estigma.

200 euros al mes por hijo

Ante este panorama, Unicef propone una prestación universal por crianza, una ayuda mensual sin condiciones para todas las familias con hijos, como ya existe en otros países europeos. Las simulaciones arrojan que, con cien euros mensuales por menor, la pobreza infantil caería 3,6 puntos; con 200 euros, más de siete. El coste sería elevado: entre 9.000 y 18.000 millones anuales. Una inversión alta, pero no desproporcionada si se compara con el precio de no hacer nada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, consideró ayer que esta sería la medida «más eficaz» para combatir estas «insoportables» cifras, y aseguró estar trabajando con sus socios para que se aplique en los presupuestos generales del Estado.

«Las prestaciones universales progresivas son eficaces a la hora de disminuir la pobreza infantil. Garantizan el acceso de quienes más las necesitan, vivan donde vivan, y reducen la estigmatización, además de prevenir y reconocer el esfuerzo de las familias; sin embargo, requieren de un fuerte compromiso político y presupuestario —reclamó, por su parte, Suárez Pertierra—. Ahora es el momento de adquirir ese compromiso, se lo debemos a los niños y adolescentes de nuestro país».

Los modelos muestran también que reforzar el IMV sería eficaz y mucho más barato: unos 1.300 millones al año para una mejora del 40 %. Añade Unicef que el empleo sigue siendo decisivo, que aumentar la intensidad laboral (más horas o más meses trabajados) reduce más la pobreza infantil que una subida adicional del salario mínimo. No es una opción al alcance de todas las familias. En un hogar monoparental, por ejemplo, cada hora extra de trabajo implica renunciar a cuidados que nadie más puede asumir. Donde falta un adulto, la ecuación se complica.

La pobreza infantil no es inevitable, tal y como concluye el informe. Es el resultado de decisiones políticas, prioridades públicas y estructuras en posición de ser transformadas. Aunque la situación es grave, la evidencia demuestra que existen herramientas capaces de revertirla.

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