El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado públicamente que la próxima legislatura será la legislatura del audiovisual. Su oponente en el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no le ha ido a la zaga y promete una ley de televisión y un consejo superior de medios audiovisuales que regule, controle y sancione la actividad de los operadores en el mercado audiovisual. Argumentando que no quedaba «tiempo político», el Gobierno decidió guardar para mejor ocasión el anteproyecto de Ley General de la Radio y la Televisión con el que pretendía poner orden y sentido común en la actual jungla audiovisual española. La decisión ha tenido razones lógicas desde el calendario político del PP, pero ha subrayado aún más el incumplimiento de su programa electoral en este punto y el error que cometió al no abordar esta ley en los primeros meses de una legislatura en la que ha disfrutado de una confortable mayoría parlamentaria. La televisión privada en España no es hija de una legislación pensada y flexible, sino de una ley hecha por sentencia del Tribunal Constitucional que forzó al legislativo a conceder lo que el legislativo no quiso dar por miedo a la libertad. La política audiovisual del PSOE fue temblorosa con la televisión privada y no supo dotar a la televisión pública de un estatuto que fijase sus obligaciones de programación de servicio público y una financiación pública estable, necesaria y obligada al nacer la privada. Proteccionismo La del PP ha sido la contraria de la que prometió en su programa electoral: más intervencionista, de continua improvisación y ausente de diseño. A él debemos esos dos ejemplos de proteccionismo como son el coeficiente de inversión obligatoria en cine -el 5% de los ingresos brutos anuales- que tienen que hacer las empresas privadas de televisión, y la obligación de publicar la programación con once días de antelación (refrendada luego por una de las sentencias más absurdas que ha dictado el Tribunal Supremo) «para que los españoles puedan programar su ocio con once días de antelación». Este ocio no se lo ofrece, por lo visto, la televisión pública autonómica puesto que ella no tiene la obligación de tan chusca imposición. Cuando el sector televisivo constituía en España un monopolio en mano de empresas públicas (primero sólo estatal, luego también autonómico), no existían mayores problemas de financiación. Tampoco se cuestionaban las funciones de «servicio público» que esos entes realizaban. En aquella época, una programación de servicio público constituía la regla general, aunque esas empresas también emitían programas comerciales. No resultaba necesario imponer, mediante actos jurídicamente vinculantes, obligaciones concretas de programación de servicio público, ya que aquellas empresas establecían -y respetaban- autorregulaciones para cumplir ese objetivo encomendado: un servicio televisivo público de calidad. Los problemas comenzaron cuando el sector televisivo español se liberalizó en 1989 y las empresas públicas de televisión (tanto RTVE como las autonómicas) tuvieron que competir para mantener su audiencia. No puede olvidarse que tanto los operadores públicos como los privados compiten en el mismo mercado por la audiencia, aunque unos y otros traten de alcanzar con ello distintos objetivos. Los operadores públicos «necesitan» la audiencia por razones puramente políticas -de ahí que se pueda decir, paradójicamente, que en España no existen televisiones públicas sino de gobierno- y los privados exclusivamente por razones económicas. Quizás convenga aclarar aquí que en las televisiones públicas el cliente es el espectador, mientras que en las privadas comerciales gratuitas el cliente es el anunciante. La misma oferta Esta lucha de los operadores públicos por la audiencia supuso, en primer lugar, la necesidad de confeccionar unas parrillas de programación de máxima cuota de pantalla, olvidándose de cualquier fin de servicio público, cultural, de atención a minorías o de calidad. De esta forma, la programación de las cadenas públicas de televisión en nada se distingue, actualmente, de la que ofrecen los operadores privados. Pasaron así de tener una programación mayoritariamente de servicio público a ofrecer una programación puramente comercial. Este objetivo de audiencia «a toda costa y por encima de todo» ha creado no sólo enormes deudas (8.000 millones de euros de deuda acumulada por el conjunto de las televisiones públicas, que aumenta cada año), sino también la necesidad vital de recurrir a todo tipo de dineros públicos para mantener el tinglado: subvenciones, asunciones de deuda, avales del Tesoro, autorizaciones de endeudamiento, exenciones de impuestos, supuestas «compensaciones» por una red de difusión que financió y era propiedad del Estado, no de RTVE, etc. Además, ha supuesto que las empresas públicas de televisión compitan de lleno, e incluso deslealmente al ofrecer precios bajísimos, en el mercado de la publicidad, lo que, evidentemente, perjudica directa y gravemente a los canales privados en abierto y a todos los medios privados de comunicación. Este mismo sector público, que drena recursos con voracidad, no tiene ni una sola obligación real y concreta de servicio público impuesta por una norma jurídica vinculante distinta de las impuestas a los operadores privados, ofrece una programación similar a la que emiten los dos operadores nacionales privados gratuitos de carácter generalista y no tiene, frente a lo que ocurre en el resto de los países europeos, ningún límite de publicidad distinto y más estricto del que se impone a las empresas privadas.