Bruselas advierte de que la tasa para financiar TVE es un impuesto ilegal
TELEVISIÓN
Da dos meses al Gobierno para modificar el sistema que permitió suprimir la publicidad de la televisión pública
01 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La Comisión Europea infligió ayer un nuevo varapalo al Gobierno español, solo un día después de que el departamento de Competencia, que dirige el vicepresidente Joaquín Almunia, anunciara que investiga si el procedimiento de transición a la televisión digital en España se ajustó a la normativa europea. Ahora es la vicepresidenta encargada de Agenda Digital, la holandesa Neelie Kroes, la que exige que se modifique el nuevo modelo de financiación de Radio Televisión Española, que entró en vigor hace apenas ocho meses.
A juicio de Bruselas, las ayudas estatales a la televisión pública para compensar la supresión de la publicidad no son ilegales, porque no dan lugar a distorsiones desproporcionadas de la competencia con las cadenas privadas. Pero sí lo son las tasas impuestas a los operadores de telecomunicaciones con las que el Gobierno pretende financiar esas subvenciones.
Dos meses
«La Comisión considera que estos ''impuestos sobre las telecomunicaciones'' son incompatibles con las normas de la UE, que disponen que las tasas cobradas a los operadores estén relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector», aseguró ayer en un comunicado el Ejecutivo comunitario. La Comisión ha dado a España dos meses de plazo para que modifique el modelo, y amenaza con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE si no lo hace.
Compensaciones
La nueva ley de financiación de Radio Televisión Española entró en vigor en septiembre del año pasado, estableciendo que a partir de enero del 2010 la televisión y la radio públicas dejarían de emitir publicidad. Esa norma impuso a los operadores el pago de una tasa del 0,9% de sus ingresos brutos, que se abona a través de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT) y que se destina posteriormente a compensar al ente público. Además, con el mismo fin se establecieron gravámenes idénticos del 3% sobre los ingresos de las cadenas privadas en abierto, y del 1,5% para las de pago, que Bruselas, de momento, no ha cuestionado.
Varios portavoces del Gobierno trataron ayer de restar importancia al anuncio de la Comisión, asegurando que el Ejecutivo ya esperaba ese dictamen y que sigue pensando que el nuevo modelo económico de la televisión pública es legal y se ajusta a la normativa comunitaria. Pero si el caso llegara al Tribunal de Justicia y España acabara perdiéndolo, se encontraría con un grave problema. Solo para el 2010, según los cálculos de la Comisión Europea, la tasa a los operadores de telecomunicaciones generará unos 230 millones de euros de ingresos.
De hecho, la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel), que integra a las principales compañías del sector (Ono, Orange, Telefónica y Vodafone entre ellas) informó ayer de que ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la tasa con «urgencia» y de forma cautelar antes del 6 de octubre, fecha en la que esas compañías deberán abonar un pago que se eleva a alrededor de 150 millones de euros.
De lo contrario, alega la patronal, se llegaría «al absurdo y a la injusticia» de que se les obligara a ejecutar un abono pendiente de ser declarado ilegal. «El impacto negativo sobre la inversión a corto plazo se producirían igualmente y sería irreversible», explicó Redtel en un comunicado.
Ayer mismo, sin embargo, el presidente de Radio Televisión Española, Alberto Oliart, aseguró en el Congreso que presionará a la CNMT para que cobre la tasa, con independencia de que sea declarada ilegal. ««Haremos todas las gestiones que tengamos que hacer para que la CNMT cobre la cantidad que se debe, y ya se reclamará después», dijo.