Desde su creación, las corporaciones públicas de radio y televisión han formado parte de ese suculento botín que los partidos políticos y los sindicatos han ido acopiando desde hace 35 años: las cajas de ahorros como bancos propios, los presupuestos autonómicos y municipales como campos de juego para sus políticas de trapicheo, y los tinglados mediáticos como instrumentos propagandísticos de primer orden, botafumeiros de sus colosales campañas de publicidad y agencias de colocación de su gente guapa y de sus periodistas y técnicos de cámara.
Lo que estamos viendo ahora en el entramado valenciano de la radio y la televisión pública (RTVV), sobre el que los dos estudios independientes más fiables señalan que sobran entre 1.295 y 1.308 trabajadores, de una plantilla de 1.695, no es más que la primera parte de la caída del imperio periodístico público. Estos conglomerados de propaganda, deficitarios desde el primer día de su creación y competidores desleales de las radios y televisiones privadas, se los llevará la crisis como el mar los castillos de arena en la playa.
Cuando los paleontólogos estudien los distintos estratos de las plantillas, programas y contenidos de esos pomposos entes fijarán con precisión científica qué partido gobernó en cada era y qué sindicato apacentó su convenio colectivo e impuso la larga ristra de categorías laborales que jalonaron su actividad fabril hasta hacerla imposible.
Es célebre la trashumancia de periodistas, contertulios y otros oficios a unas y otras televisiones y radios públicas, en función de quién haya perdido las últimas elecciones autonómicas o generales. Que afecta al PSOE, la trashumancia de su cuerda muda reales a aquellos pastos en los que gobiernan los suyos; que al PP, más de los mismo; que a los nacionalistas-independentistas de CiU, ERC, PNV, BNG e IC, pues otro tanto.
Si los ciudadanos quieren que sobreviva la radio y la televisión pública autonómica solo tienen una opción financiera viable: financiarla mediante un canon indexado a la propiedad de un piso o local, como en 26 de los 27 países de la UE. Pero como los tiempos son los que son, ahora solo podría establecerse previo referendo entre la población afectada. ¿Qué partido da el primer paso?