No existe ningún precedente en España de demolición de dos rascacielos habitados y con empleados Nadie cree que se vaya a contratar a una pala excavadora para que tire las torres de García Barbón: ni el TSXG, ni el Supremo, ni el Concello. La promotora Ifer, que llevó a cabo el proyecto, aseguró ayer que «las torres ni se van a derribar ni nada». Según fuentes de la empresa «no hay ningún precedente en España, ni lo va a haber». A pesar del fallo del Tribunal Supremo que supondría tirar los dos rascacielos, ninguna autoridad está dispuesta a llevar a cabo la demolición ni a pagar las cuantiosas indemnizaciones que ello supondría. Las dos torres valen en el mercado más de 7.000 millones de pesetas (42.070.847,31 euros).
21 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.No es lo mismo construir un chiringuito ilegal en la playa, como el del Vao que fue derribado en el verano pasado tras la demanda presentada por el restaurante Breadouro, que levantar dos torres con una licencia que luego es anulada. Construirse un chale sin permiso como Bertín Osborne puede conllevar que el pico y la pala lo tiren parcialmente. Pero no existe ningún precedente en España de que un coloso en el que viven familias y hay numerosos empleados contratados acabe tan sólo como un recuerdo del pasado. En la empresas promotora, en el Club Financiero y entre los inquilinos de la torre la noticia de la decisión del Supremo sobre los dos edificios no ha causado ninguna inquietud. Saben que no se van a tirar. Como tampoco se va a derribar el Piricoto o los edificios de Rosalía de Castro, que incumplían la normativa. Un caso más flagrante En Cantabria se ha producido un caso mucho más flagrante y por ahora no ha sucedido nada. Se trata de la urbanización de 144 chalés en Arnuero. Las viviendas se construyeron en un encinar que era un paraje natural en el que no se podía edificar. A pesar de que el Supremo ha ordenado que se derriben las viviendas, nadie se ha atrevido. Setenta y ocho propietarios de la urbanización se han aliado en una plataforma que reclama 2.648 millones de pesetas (15.914.800,52 euros) de indemnizaciones. La constructora Cenavi pide 1.284 millones de pesetas (7.716.995,42 euros) y la inmobiliaria que promovió la urbanización exige 1.605 millones de pesetas (9.646.244,28 euros). Total, que ni el ayuntamiento ni el Gobierno cántabro están dispuestos a afrontar los pagos.