En el 2008, la Xunta convertirá en ilegales las viviendas nuevas inferiores a los 40 metros Jóvenes y divorciados pagan hasta 130.000 euros por miniestudios que ya no se alquilan por menos de 350
12 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.La compraventa de micropisos de 11 metros cuadrados disparó hace una semana las alarmas en Barcelona. En España, vivir en un espacio de menos de 15 metros cuadrados es ilegal en todos los casos, pero ni ayuntamientos ni Comunidades Autónomas tienen por ahora muchos recursos para evitarlo. En Galicia, la reglamentación en vigor desde 1992 prohíbe edificaciones inferiores a 26 metros cuadrados. Pero las construcciones antiguas con menores dimensiones tienen cédulas de habitabilidad aprobadas. Aunque parezca un fenómeno ajeno a la realidad gallega, en las grandes ciudades no hay excesiva distancia respecto a lo que está ocurriendo en Madrid o Cataluña. Las agencias inmobiliarias de Vigo tienen controlada una lista de micropisos inferiores a los 30 metros cuadrados que supera el medio millar de unidades. La mayoría de ellos están habitados y, los que se venden, no bajan de los 120.000 euros. Lo más barato del mercado es un estudio de 25 metros en Sanjurjo Badía que cuesta 92.000 euros. El resto de la oferta sube significativamente de precio. En Ramón Nieto se piden 124.000 euros por 30 metros construidos, con 28 habitables. En Vía Norte exigen 126.000 por otros 28 metros y, en la céntrica Urzaiz, un habitáculo de 28 metros construido en los años 70 cuesta ya 100.000 euros. Los agentes inmobiliarios admiten que estas adquisiciones no son «frecuentes» y se limitan por ahora a jóvenes que buscan su emancipación, divorciados y, esporádicamente, alguna pareja que comienza una vida en común y no dispone de recursos. Lo cierto es que algunos inversores han comenzado a comprar minipisos para alquilarlos. Porque este tipo de rentas no bajan de los 350 euros al mes. Vivenda prepara una reforma legal, que aprobará en el 2008, para prohibir construcciones inferiores a los 40 metros. En el Concello afirman que el control, por ahora, depende sólo de la Xunta.