El alcalde socialista Martínez Garrido ideó un programa de obras públicas para rebajar el gran índice de paro que sufría el sector de la construcción en Vigo
04 mar 2009 . Actualizado a las 11:37 h.El llamado Plan Zapatero, que en la actualidad está siendo aplicado en los municipios para paliar la tasa de paro existente en España, tiene un precedente en Vigo. Fue llevado al pleno municipal el 2 de marzo de 1934. La idea, igual que ahora y a imitación de lo que estaba haciendo Roosevelt en Estados Unidos, era fomentar la obra pública para activar la economía.
El alcalde socialista Emilio Martínez Garrido proponía una serie de obras que tendrían que ser financiadas por el Estado y por el Ayuntamiento. El ambicioso plan determinaba que el Estado debería pagar la construcción de la carretera de circunvalación a Baiona, la carretera de la costa, una nueva cárcel, un nuevo palacio de justicia, la aduana y la canalización del río Lagares.
Por su parte, el Ayuntamiento asumiría tres grupos de obras, cuyo presupuesto ascendía a más de cuatro millones de pesetas. Entre los proyectos elegidos se encontraba la construcción de un mercado para As Travesas, un cementerio para las parroquias de Bouzas, Navia y Alcabre, la construcción de dos grupos escolares, la pavimentación de las calles Serafín Avendaño, Policarpo Sanz, Porta do Sol, Elduayen, Pi y Margall, Velázquez Moreno y López Mora.
El ambicioso plan fue rápidamente criticado desde diferentes estamentos. No por los fines que perseguía, sino por los medios que debería emplear. Se decía que la hacienda municipal estaba muy debilitada y que los funcionarios cobraban tarde. La prensa llegó a calificar el proyecto de «fantasía oriental», y se decía: «traspasa los límites de lo candoroso, traspone la aduana de los permitido, y suena a ironía sangrante, muy sangrante».
Crisis de la construcción
Al igual que hoy en día, la sociedad española sufría una gran crisis, en parte también provocada por la caída de los mercados financieros iniciada en 1929 en Wall Street. La construcción estaba totalmente parada en Vigo, y la Cámara de Comercio proponía una serie de medidas para reactivar el sector y reducir las cifras del paro. Decían desde la Cámara de Comercio que no se edificaba, que «las industrias relacionadas con la construcción languidecen y el paro crece». ¿Les suena? La institución viguesa proponía la reducción de impuestos. Pedían que, por un plazo de cinco años, las nuevas obras quedasen exentas del impuesto de construcción y de todo tributo. También reclamaban la disminución del impuesto de la propiedad urbana. Con estas medidas, esperaban reactivar la construcción en la ciudad y, consecuentemene, hubiese más puestos de trabajo.
Dos hombres, un destino
Aunque no tiene relación con su plan, ni con la crisis, Emilio Martínez Garrido fue suspendido de su cargo por el ministro de la Gobernación el 8 de marzo de 1934. Rafael Salazar Alonso justificó su decisión en una «grave falta de desobediencia al gobernador, por dirigirse a mí en términos irrespetuosos y conminatorios, y en absoluto fuera de las funciones que corresponden a un Ayuntamiento». En realidad, Martínez Garrido permitió la celebración de un mitin, el 2 de marzo, a pesar de la prohibición decretada por el gobernador.
El socialista cedió el bastón municipal a Campos Varela, concejal agrarista que, hasta entonces, ocupaba la Tenencia de alcaldía. Por cierto que Salazar Alonso, perteneciente al Partido Radical de Lerroux, se vio implicado en el escándalo del «estraperlo» y, durante los primeros días de la guerra, fue fusilado. Igual final tuvo Emilio Martínez Garrido, que volvió a ser alcalde en 1936 hasta el levantamiento militar. El 27 de agosto de aquel fatídico año, el último alcalde republicano que tuvo Vigo, moría fusilado ante el cementerio de Pereiró. Junto a Emilio Martínez Garrido también fueron fusilados el alcalde de Lavadores José Antela Conde, y los diputados socialistas Antonio Bilbatúa, Enrique Heraclio Botana Pérez e Ignacio Seoane Fernández.