En el tablero de ajedrez político que existe en la ciudad portuaria de Vigo, hay que pactar. Siempre o casi siempre. El puerto debe trabajar con esa hipótesis, si no quiere estrangular sus tiempos. Si se cumple a rajatabla la arraigada lentitud que suele presidir los tiempos con los que se mueve el mastodonte de la Administración pública, el plazo de respiración de Corina Porro -antes de su teórico nombramiento para la carrera a la alcaldía de Vigo, en el año 2011- es más que pequeño.
Sus criterios de desarrollo, en la mayoría de los casos, al menos las obras más grandes, deben de pasar por el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; también por los presupuestos del ente Puertos del Estado, que es su superior jerárquico, al que le suceden el Ministerio de Fomento, el propio Gobierno en Consejo de Ministros y, en última instancia, los Presupuestos Generales del Estado, con el Congreso y el Senado como filtros; por no hablar, finalmente, de que es preciso acudir en la mayoría de los casos a los Fondos de Cohesión de la UE para financiar las obras más caras.
Total, que el puerto debe pagar un doble peaje: el de las administraciones públicas, como es preceptivo, para hacer las cosas correctamente y ajustadas a las normas; y pagar el peaje a nivel local, donde BNG y PSOE pueden esperar con la tijera de podar.