La Voz pasa una jornada con funcionarios de Penal. Los últimos cambios legislativos han generado una carga de trabajo próxima al colapso. En el 2006 tramitaban 200 ejecutorias; ahora, 400
02 ago 2009 . Actualizado a las 03:05 h.Solo hay que pasar una mañana en un juzgado de lo Penal para comprobarlo. Montañas de expedientes de ejecutorias de sentencia tienen colapsadas estas instituciones encargadas de impartir justicia. La última reforma legal ha disparado los casos de Tráfico y malos tratos, y esta carga de trabajo ha provocado la fuga de varios funcionarios a otras áreas. En el juzgado de lo Penal número 3 han pedido el traslado tres funcionarios y en el Penal 1 lo ha hecho otro, la mayoría veteranos. Antes del 2007, tramitaban 200 ejecutorias, ahora 400.
La gravedad de la situación ha llevado al sindicato CC.OO. y a otras cuatro centrales a firmar un documento conjunto para denunciar la precaria situación de personal y medios. El pasado jueves, la Xunta aceptó celebrar en septiembre una mesa sectorial monográfica sobre estos juzgados. El fantasma de otro caso Mari Luz planea sobre estas oficinas saturadas.
Ningún funcionario de lo Penal sabe cómo va a transcurrir su jornada. Es un trabajo improvisado porque los empleados deben compaginar las tareas programadas, las citaciones y el correo con otras cuestiones que surgen, como las órdenes de búsqueda y captura. «Si viene una busca, te descoloca todo. Hay que mirar en otras causas, en un expediente debajo un montón, requerir al preso que llega al calabozo el pago de una multa atrasada», comenta un funcionario.
A galope de caballo
Los juicios también generan trabajo, incluso si hay conformidad. Los testigos se marchan, el juez dicta la sentencia in voce y, aprovechando que está el acusado, el funcionario inicia los trámites de la ejecución. Por ejemplo, si es por tráfico, la liquidación del tiempo que no puede conducir, la privación de armas o de la retirada del carné de coche. «Son muchas tareas y tienes gente citada que espera por ti. Muchas veces vas a galope de caballo, sobre la marcha, improvisando», dice un empleado de estos juzgados.
Una tarea consiste en revisar los expedientes vivos de las ejecutorias para comprobar que el condenado cumple con el pago. Hace cinco años, los funcionarios examinaban todo el armario una vez al mes como mínimo. «Ahora es imposible, lo haces sobre la marcha. Si viene un cliente buscas su procedimiento en las baldas y echas un ojo por curiosidad a los de alrededor por si hay alguna cosa urgente, alguien que no ha pagado. Es una revisión aleatoria», comenta un trabajador. Solo tienen prioridad los asuntos de violencia doméstica, abusos y condenados por tráfico. «No puedes dejar que el expediente de algún reincidente quede abandonado porque pueden montar algún lío en la calle», afirma.
Los funcionarios admiten que es imposible abarcar todas las revisiones por lo que piden dos funcionarios de refuerzo. Las jornadas son maratonianas. «Acabamos a las tres de la tarde. Los de Instrucción cobran un suplemento por las guardias y los de Violencia Doméstica por sus largas jornadas. Nosotros asumimos el trabajo a mayores gratis. Cuando se hizo la reforma penal, nadie pensaba que iba a afectar tanto a los penales», dice.
La falta de control se detecta cuando el perjudicado viene a protestar. «Revisas aquellos donde casos con más peligro: violencia doméstica, abusos y causas con presos», dice.