El conselleiro Agustín Hernández ha cuestionado el convenio firmado por la Xunta con los expropiados y los afectados le piden que deje de «marear la perdiz». El pasado día 25 de agosto Agustín Hernández mantuvo una reunión con los afectados, acompañado del director del Instituto Galego da Vivienda e Solo, Antonio Boné. Tras la reunión, Hernández dijo que abonará el dinero estipulado en el convenio siempre que este acuerdo se sujete a derecho.
El portavoz de los afectados, Alejandro Martínez señala que antes del día 15 la Xunta debe pagar el dinero que adeuda a los expropiados y que esa es la única opción».
El portavoz de los afectados asegura que en la calle «non estamos por gusto senon obrigados porque isto é un atropelo».
Martínez instó al conselleiro de Obras Públicas a que lleve a los tribunales al anterior gobierno si considera que hubo prevaricación o que no se cumplió la ley. «Pero non o fan» por eso pide al PSOE y al BNG que interpelen al nuevo gobierno en el Parlamento y solicitan a los representantes políticos del Condado que les apoyen. El portavoz de los afectados criticó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cuando era conselleiro de «non quixo pagar aos afectados os recursos miñeiros». Ante esta negativa se interpusieron cientos de contencioso administrativos que han dado al razón a los recurrentes.
Varices hinchadas al sol
Escuchando las encendidas palabras de Alejandro Martínez se encontraba ayer en el plaza del Concello de Salvaterra mucha gente mayor. Algunos llegaron al lugar con las varices hinchadas por el sol tras más de dos horas de caminata, como Jesusa Lameiro, a la que le expropiaron 5.000 metros cuadrados de terreno por los que sólo le han pagado hasta el momento 25.000 euros, es decir cinco euros por metro. Jesús decía que tras la marcha a pie se encontraba «bien porque esto se hace con ilusión».
La plataforma ocupa una superfice de 416 hectáreas y la inversión prevista por la Xunta en el año 2001 ascendía a más de 123 millones de euros. En el pasado mes de enero, en plena precampaña electoral, el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño cifraba la inversión pública en 200 millones de euros a los que añadía 500 millones más de inversión privada. En ese contexto prelectoral Touriño prometía que la plataforma iba a crear diez mil puestos de trabajo.
Los cálculos más optimistas indican que la urbanización de la zona estará finalizada en el año 2011 y no se pueden calcular los empleos reales que se crearán en ese año.