Los afectados por las expropiaciones del puerto seco de Salvaterra- As Neves, denunciaron ayer que el acuerdo para incumplir el convenio por el que se les pagarían las indemnizaciones por los recursos mineros es «formalmente ilegal». Según explican, las actas de comisión de seguimiento demuestran que Autoridad Portuaria de Vigo, Zona Franca y el Instituto Galego de Vivenda e Solo realizaron una comisión de seguimiento «manifestamente nula».
A la cita solo asistieron, según demuestran con el acta de la sesión, la delegada del Zona Franca, María Teresa Pisano Avelle, del puerto la presidenta, Corina Porro, y de la Xunta el director general de la consellería, José Boné Pina. Ni estaba presente un secretario ni se realizó una convocatoria previa. A estos defectos se une que las normas de funcionamiento de la comisión fijan en tres los representantes de cada institución que deben acudir.
Los afectados, que continúan con su encierro en el salón de plenos del Concello de Salvaterra, denuncian que ninguno de los tres asistentes había sido nombrado por sus instituciones como representantes en la comisión. Para ellos no existe constancia de que los tres cargos, que decidieron esperar a una sentencia del Supremo para pagarle por sus indemnizaciones, tuvieran poderes suficientes para tomar el acuerdo.
Falsedades
La comisión de seguimiento fue creada en el año 2007 cumpliendo con el acuerdo de los promotores del polígono firmado en diciembre del año pasado. En su primera sesión tomaron posesión los tres representantes de cada institución. Sin embargo, estos funcionarios estaban ausentes en la citada sesión y fueron sustituidos por «mandos políticos», según denuncia la plataforma de afectados.
Según las actas que poseen los implicados «parece imposible que os membros habituais tiveran tomado semellante decisión, en plena contradicción con acordos anteriores». La asociación apunta que las razones dadas para no cumplir el convenio al que habían llegado con la anterior Xunta son «puras falsedades».