Estoy asombrado con la nota publicada esta semana por el Partido Popular de Gondomar, tras la condena por prevaricación a su correligionario el concejal y ex alcalde Carlos Silva. El texto, ciertamente llamativo, comienza diciendo que el PP «acata la sentencia», lo cual es subrayado como si fuese un acto de generosidad. Pero no hay nada magnánimo en acatar una resolución judicial: Es simplemente una obligación. No hacerlo tiene graves consecuencias jurídicas.
El ex alcalde popular fue condenado a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación, con lo que ha tenido que dimitir como concejal y abandonar sus cargos en la Diputación Provincial. Asimismo, ha pedido la baja en el PP. Todo esto entra dentro del estricto cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, se ha presentado como otra muestra de «generosidad», valorando su «celeridad» a la hora de renunciar. En rueda de prensa, el vicepresidente provincial, José Manuel Figueroa, siguió esta línea argumental, en una asombrosa sucesión de elogios al recién condenado.
Dando un paso más, la junta local del partido cerraba su comunicado, confiando en que Silva «siga aportando su conocimiento y experiencia a la actividad del PP, enriqueciendo así su actividad con propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Gondomar».
Así, aunque haya sido inhabilitado por la Justicia, se entiende que sus compañeros desean que siga, en lo que constituye una forma muy curiosa de «acatar» una sentencia. Por otra parte, la forma verbal «enriqueciendo» resulta poco afortunada, teniendo en cuenta que, sólo dos semanas antes, fueron condenados por cohecho dos concejales del mismo municipio. El verbo «enriquecer» debería, por tanto, evitarse en lo posible, y más teniendo en cuenta que uno de los condenados afirmaba en el juicio que, con los sobornos que obtenían de promotores urbanísticos, se financiaron viajes de partido al Uruguay.
La última pincelada del caso la puso el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, afirmando que su formación «da por cerrado» el caso de Gondomar. Sin embargo, no hay noticias que tal caso hubiese sido jamás abierto, teniendo en cuenta que el propio Silva fue afiliado, concejal y mantuvo cargos en la Diputación hasta el mismo día en que se publicó la sentencia, sin que se conozca que existiese ninguna investigación interna.
Es de suponer que el argumentario del PP, derivado de la investigación de la trama Gürtel, obliga a emitir estos comunicados y hacer este tipo de declaraciones. Con ellas, tal vez se obtenga el apetecido resultado de enmarañar las cosas. Pero no puede evitarse que resulten incongruentes.
Hace más de una década, el PSOE adoptó una posición similar, cuando se desangraba por los escándalos de corrupción. Queda para el recuerdo la imagen de militantes y cargos socialistas acompañando a la cárcel a un ex ministro condenado, todos con chapas y pancartas con el lema Todos somos Pepe Barrionuevo.
Ahora, es el PP el que sigue la misma senda, corregida y aumentada. Y lo hace para los grandes casos, como el procesamiento de su tesorero Bárcenas o la investigación del caso Gürtel. Pero, también, por lo visto, en asuntos locales. Luego, cuando la política recibe mala nota en las encuestas, se preguntan por qué.