El Concello acumula más de un millón de euros en asesorías externas. La última, la pagada para bendecir a Aqualia
29 nov 2010 . Actualizado a las 12:42 h.La costumbre se instaló a finales de los años noventa, pero desde entonces no hay alcalde en Vigo que no haya echado mano de expertos que por un módico precio (es un decir) redactan un informe que curiosamente coincide sin matices con lo que piensa el regidor sobre la cuestión planteada. Lo hizo Manuel Pérez, para solventar diversos cambios de gestión con Seragua. Lo repitió después Lois Pérez Castrillo, para argumentar jurídicamente sus voluntades sobre el nuevo Plan General. La misma técnica fue empleada más tarde por Corina Porro, para resolver el contrato del auditorio. Y ahora, Abel Caballero ha optado por la misma vía para darle más visos de verosimilitud legal a lo que los técnicos del Concello no se muestran muy proclives a respaldar con sus testimonios oficiales.
Decidido sin reparos a darle larga vida a Aqualia -más allá del 2015, que es cuando termina su contrato- Caballero encargó un informe a un experto legalista para que su autor hiciese las veces de perito independiente y bendijese la prórroga de cinco años más con la que el regidor quiere premiar a la concesionaria , en lugar de sacar a concurso la concesión y tratar de obtener un mejor precio y otras mejoras para toda la ciudadanía.
Como es ya casi una costumbre, no resulta curioso que Caballero opte por encargar informes técnicos fuera, sino que lo haga al mismo experto al que en su día acudió también Manuel Pérez para desenmarañar cuestiones legales.
Tomás Ramón Fernández, reputado jurista administrativo, avalará así las decisiones de dos alcaldes vigueses de diferente signo político y Caballero podrá lavarse las manos con agua aportando la visión jurídica del experto respecto a la ampliación del millonario contrato del abastecimiento y saneamiento.
Eso sí, las arcas del Concello no son infinitas, y con tanto recurrir a asesorías externas la cuenta de estos trabajos superan ya el 1,2 millones de euros. Y como cada uno de esos contratos dados a dedo no pueden superar los 12.000 euros, desde el Ayuntamiento se reconoce que más de cien contratos de asesoría se agolpan en este momento, pese a la cantidad de políticos, asesores internos y funcionarios que cobran de los impuestos de todos los vigueses.