Trescientos cincuenta millones de euros. Esta cantidad, que supera en más de un 50% el presupuesto municipal del 2011, es la que se juega el Concello vigués con la licencia de Finca do Conde, que afecta a dos torres con 230 viviendas y al que todavía es el centro comercial más grande de Galicia con un gran hipermercado y 150 tiendas.
Como en la práctica totalidad de las licencias anuladas, todos los edificios del conjunto se construyeron con una licencia municipal que posteriormente anularon de manera definitiva los tribunales. Entre esta anulación y el momento actual el Concello fue capaz de aprobar con mucho esfuerzo un Plan Xeral que, entre otras cosas, buscaba salvar al mayor número posible de edificios condenados.
De esta forma se evitaba a la administración municipal un grave problema social y, paralelamente, el pago de elevadísimas indemnizaciones económicas.
Marcha atrás
No obstante, con Finca do Conde el gobierno vigués ha mantenido un criterio diferenciado. Hace diez meses decidió que el Plan Xeral no servía para legalizar las torres y el centro comercial, por lo que decidió suspender licencias en el ámbito y elaborar un nuevo planeamiento. Desde entonces nada ha vuelto a saberse sobre un asunto que ha generado durísimas polémicas políticas.