Carlos Príncipe (PSOE, 1991-1995): «Es claramente inconstitucional»Manuel Pérez (PP, 1995-1999): «Vulnera el principio de igualdad»Lois Castrillo (BNG, 1999-2003): «Non se pode facer, é ilegal»Corina Porro (PP, 2003-2307): «Soy demócrata, no estoy de acuerdo»Manoel Soto (PSOE, 1979-1991): «Un alcalde tiene que ser prudente»
13 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El alcalde no cuenta con el respaldo de sus predecesores a su medida de filtrar el acceso al pleno para evitar alborotos. Ninguno de los ex alcaldes ha respaldado una medida polémica que, consideran, violenta la normativa que regula la celebración de los plenos. Únicamente Manoel Soto se ha mantenido en una medida ambigüedad, aunque ni mucho menos lo ha respaldado
Abel Caballero ha tomado dos decisiones excepcionales y sin precedentes para evitar incidentes durante la celebración de plenos municipales en sus casi cuatro años de mandato. La primera, en 2007, impedir el acceso de público y llenar el salón de sesiones con simpatizantes socialistas para aprobar el Plan Xeral. Este asunto provocó denuncias que hasta ahora no han tenido consecuencias, aunque alguna todavía está pendiente de resolución judicial. La segunda, esta misma semana, fue menos sutil: prohibir directamente el acceso a un grupo de limpiadoras de colegios públicos que la semana anterior habían pedido a gritos que atendiera sus reclamaciones,
Supuestamente, el regidor quiso impedir que se repitiera la situación y presupuso que estas personas iban a repetir su actuación. Para Carlos Príncipe, también socialista y ex alcalde, «es claramente una medida anticonstitucional que no puede llevar a cabo. Es un local público y no valen las actuaciones preventivas». Príncipe considera que «actuar así no tiene fundamento y un alcalde lo que tiene que hacer es tomar medidas cuando se produzca incidentes o alborotos, nunca antes».
Incidencias habituales
Se da la circunstancia de que en los plenos de Vigo se han producido incidentes en todos los mandatos desde las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en 1979. La etapa de Príncipe fue una de las más convulsas debido a la construcción de la planta empacadora de Guixar.
En aquellos turbulentos años incluso hubo concejales agredidos y plenos en los que volaron tomates, además de insultos graves. «Pese a ello nunca se impidió el acceso a nadie; todo lo más se celebró algún pleno a puerta cerrada, desplazándose la corporación a otra sala».
También los tiempos de su sucesor, Manuel Pérez, fueron complicados, pero la política fue la misma: plenos a puerta cerrada y una denuncia contra funcionarios que finalmente no prosperó. Pero este ex alcalde cree que el veto preventivo «es desconocer la presunción de inocencia que establecen las leyes y vulnera también el principio de igualdad ante la ley. Ninguna razón puede impedir el acceso de personas concretas a un pleno municipal», sentencia. «Quiero ser respetuoso con el actual alcalde, pero pienso que el veto no tiene soporte jurídico y casi me atrevo a decir que es una arbitrariedad».
Su compañera de partido, Corina Porro, quien competirá con Caballero por la alcaldía dentro de tres meses, cree que este veto previo «no es la primera vez que ocurre ya que lo practicó en el pleno del Plan Xeral de diciembre de 2007, cuando un público afín y seleccionado entró por el garaje. Esta vez han sido limpiadoras de colegios. Como soy una demócrata, no puedo estar de acuerdo, por supuesto».
«Nunca pasou»
Lois Castrillo fue el primer, y por ahora único, alcalde nacionalista de Vigo. Llegó al cargo después de Manuel Pérez y el suyo puede considerarse un mandato tranquilo. Obviamente, también hubo incidencias en las sesiones, pero ni mucho menos comparables con las que padecieron Príncipe y Pérez.
«Que eu saiba o veto preventivo nunca se fixo, nin na época de Soto cando se implantou nalgunhas ocasións a identificación dos asistentes. Penso que non se pode facer, que é totalmente ilegal. O pleno é público», afirma.
Como sus predecesores, Castrillo se encuentra alejado de la política desde que el bipartito perdió las elecciones autonómicas. Hoy está al frente de una consultoría, mientras Pérez, ejerce su puesto de inspector de Trabajo y Príncipe de médico pediatra. Ambos tampoco están en la primera línea, pero sin duda siguen de cerca la actividad municipal.
Curiosamente, quien más tarde dejó el Concello fue el primer regidor democrático. Manoel Soto ostenta el título de alcalde que más tiempo ejerció el cargo en la historia de la ciudad: doce años seguidos. Tras una interrupción volvió a la corporación en 1999 como independiente durante ocho años. Tras no ser elegido en 2007 dejó la política.
Sobre los métodos de Caballero para evitar incidentes no quiere pronunciarse abiertamente. Se limita, en tono críptico, a aconsejar «a los gobernantes hacer dos cosas: ejercitar la autoridad con prudencia y dentro de la ley, sabiendo siempre cual es la frontera legal».
De manera expresa Manoel Soto evita decir con mayor claridad lo que parece intuirse de sus palabras. «Si llegado el caso alguien interrumpe la legalidad puede perjudicar a terceros. Por tanto, es preciso ejercer la autoridad, con extrema prudencia pero ejerciéndola», se ratifica.
Casi bromeando asegura que «tener tengo una opinión muy clara, pero no quiero decirla». Por si acaso, no duda en reconocer que en su época «nunca se aplicó el veto preventivo».
La construcción de una planta empacadora en Guixar tras barajarse otros emplazamientos alteró la vida ciudadana en los años 94 y 95. Príncipe está convencido de que este conflicto, en algunos momentos muy violento, le costó la alcaldía. Los opositores presentaron una candidatura, SiTeis, que logró varios miles de votos y se quedó a las puertas de lograr un concejal. También es cierto que Pérez le arrebató el cargo de alcalde con la única mayoría absoluta que ha conocido Vigo en un momento de despegue del PP. En cualquier caso, el asunto de Guixar envenenó la vida municipal y provocó serios incidentes.
La mayoría absoluta lograda por Manuel Pérez tampoco le libró de presidir sesiones conflictivas. Aunque la más recordada es la protagonizada por funcionarios municipales también le llegaron los coletazos de la empacadora. Teis le pasó factura a un alcalde que se había comprometido a trasladar la empacadora a otro lugar. Al no conseguirlo, los vecinos se volvieron contra él pero nunca fue lo mismo que unos años antes. Respecto a los funcionarios, tras ser consciente de la gravedad del asalto a la alcaldía en el futuro evitaron obstaculizar la celebración de plenos aunque hubo más protestas.