Quiere evitar que vacíe de contenido la nueva Área Metropolitana
18 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El futuro de la todavía nonnata Área Metropolitana puede estarse decidiendo ya o hacerlo más adelante en los juzgados. Todo depende de las decisiones que adopte el gobierno municipal en las próximas semanas sobre la prórroga de concesiones municipales.
Fuentes de la Xunta confirman a La Voz que van a estudiar cualquier nueva ampliación de contratos de concesiones municipales después de lo ocurrido con Aqualia. En concreto, fuentes de la oposición popular dan por sentado que el gobierno local podría decidir una extensión del contrato de Vitrasa, una medida que dejaría sin margen de maniobra al ente metropolitano.
«No parece lógico que prorrogue contratos de servicios que aspiran a ser gestionados por el Área Metropolitana. En caso de que se produzca estaríamos atentos y, si la decisión vulnera la ley, la Xunta intervendría», explican en medios autonómicos.
Se da la circunstancia de que hace ocho meses el gobierno de Abel Caballero ya prorrogó un contrato de gran relevancia para la comarca como es el de suministro de agua potable y saneamiento. En aquel momento los dos grupos de la oposición protestaron ruidosamente, pero nada pudieron hacer ya que la decisión corresponde al gobierno municipal. En otras palabras, que la mayoría que suponen PP y BNG en el pleno nada puede hacer en un caso como este. Obviamente, el alcalde tomó la decisión contando con informes jurídicos.
Hace solo unas semanas se produjo un caso similar, esta vez con el auditorio de Beiramar como protagonista. El gobierno local prorrogó 25 años más la concesión (hasta 60 años) y decidió entregar 5 millones de euros a la concesionaria. De nuevo protestó la oposición y el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, sugirió que la Xunta podría intervenir, pero no se tienen noticias de ninguna actuación concreta.
Pese a ello, lo relativo al transporte urbano tiene más relevancia para la comarca metropolitana que el auditorio. Quizás por ello en la Xunta se han encendido todas las luces de alarma. Si el agua queda fuera de la gestión y se añade la imposibilidad de implantar la movilidad metropolitana, el nuevo ente nacería cojo.
Quizás por ello la fuente consultada aseguró que «aunque habrá que analizar detenidamente lo que pueda ocurrir, en el caso de que se detecte algún incumplimiento la Xunta tiene mecanismos para recurrir. Si es legal, por supuesto, nada que decir», concluyó.