BNG y PP coinciden en que el Concello dé asesoramiento a los afectados de Bautista

Juan Manuel Fuentes Galán
Juanma Fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO

La plataforma se queja al fiscal de que el alcalde «es afectado y no denuncia»

08 mar 2013 . Actualizado a las 12:43 h.

La plataforma de afectados por Bautista Administradores ha logrado ya el apoyo de dos de los tres grupos municipales, que unidos suponen mayoría en la corporación. El pasado lunes su vicepresidente se reunió con el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, y ayer lo hizo con la responsable del BNG, Iolanda Veloso.

En ambos casos el colectivo de afectados por la presunta estafa logró su respaldo a la batalla que han iniciado para recuperar el dinero desaparecido, que se concretará en una moción ante el pleno. En ella quedará claro que apoyan sus reivindidaciones y que comparten la necesidad de que «se axilice o proceso para solucionar o problema». Por ello instarán «ás administracións que poidan estar implicadas na tramitación xurídica para que se axilice o proceso». Igualmente, se comprometen a respaldar los actos públicos que convoque el colectivo.

En ambos casos la plataforma fue llamada por populares y nacionalistas. Por el contrario, no han tenido noticias del grupo socialista que es el que gobierna el Concello.

La lentitud con la que caminan las denuncias judiciales es ahora mismo el principal motivo de preocupación de la Plataforma. Tanto, que ayer volvieron a remitir un escrito a la Fiscalía en el que se quejan de la no intervención de los responsables de cuerpos policiales en la ciudad.

Mencionan al alcalde, como responsable de la Policía Local. Además, recogen el dato de que Abel Caballero se confesó afectado por Bautista al residir en un edificio que gestionaba este administrador. «No parece aparentemente ajustado a derecho que el máximo mandatario de la ciudad y responsable de un servicio de policía no denuncie la aparente comisión de un delito», afirma la plataforma en su nuevo escrito a la Fiscalía.

En el mismo lote incluyen al presidente de la Xunta y al subdelegado del Gobierno. Citan el caso de Navarra, donde la Guardia Civil investigó de inmediato un delito similar y critican también la actuación de algunas entidades bancarias en el proceso de cobro de los recibos a las comunidades.