El presidente de la Autoridad Portuaria asegura que ya existe una sentencia del 2003 pero el Concello replica que esa normativa ya está derogada y ha sido actualizada
26 mar 2013 . Actualizado a las 14:15 h.El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López Chaves, considera resuelto en los tribunales el conflicto abierto con el Ayuntamiento a cuenta del pago, por parte de la corporación, de un canon por el uso de los túneles de Beiramar.
La semana pasada, el alcalde, Abel Caballero, avanzó que el tema iría a los tribunales ante las discrepancias entre los servicios jurídicos de ambas instituciones.
López Chaves se ha remitido hoy en rueda de prensa a una «sentencia firme y sin derecho a recurso» de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimaba las alegaciones del por entonces alcalde, Lois Pérez Castrillo, sobre el pago de dicho canon.
Ante las acusaciones, por parte de Caballero, de «mentiroso» y de actuar con «mala fe» en esta cuestión, López Chaves ha afirmado que «el tema es cosa juzgada» y que el conflicto está resuelto por los tribunales desde hace diez años.
Ha puntualizado que si Caballero reclamaba estas tasas durante su etapa como presidente del puerto es porque conocía dicha sentencia.
López Chaves ve «exageradas y faltas de la cobertura legal necesaria» las palabras de Caballero, y cree que «no tiene sentido anunciar las tensiones» entre las instituciones a través de los medios de comunicación.
Normativa antigua
Desde el Concello de Vigo, el segundo teniente de alcalde, Carlos López Font, acusó a López-Chaves de mentir sobre los túenles de Beiramar. Según su versión, las tasas se reigen por una legislación posterior a la sentencia de la que habla, asegurando que la normativa que cita está ya derogada. «Os técnicos municipais seguen a ter claro que o Concello de Vigo non ten que asumir as tasas de ocupación cando o uso ou destino dos bens de dominio público ocupados sexa un uso público, común e xeral, e non privativo», según afirma López Font, quien no duda en calificar al presidente de la Autoridad Portuaria de «pésimo xurista» o «mentiroso patolóxico».