La comisión de la reforma legal cree que la división actual «tenía sentido en el siglo XIX» y propone que se vuelva al ámbito provincial
18 abr 2013 . Actualizado a las 14:57 h.El partido judicial de Vigo, que da servicio a la ciudad y a O Val Miñor, está en peligro. Una comisión institucional ha elaborado una propuesta del texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta que intruduce el tribunal de instancia como nuevo órgano de primer grado para todos los órdenes jurisdicionales (civil, penal, laboral, administrativo, mercantil). Tendrá ámbito provincial por lo que no coincidirá con los actuales partidos judiciales. Se trataría de un tribunal situado en Pontevedra e integrado por numerosos jueces que examinarían por turno los casos que llegan de las comarcas.
En la práctica, asociaciones como Avogados Novos de Vigo alertan de que la reforma eliminará aquellos partidos judiciales que no sean capital de provincia como Vigo, Santiago, Ferrol, Gijón, Cartagena o Elche. Las únicas excepciones serán Madrid y Barcelona.
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, acaba de avalar este proyecto en la reunión que mantuvo el martes con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La comisión que ha ideado este proyecto asegura que «la gran ventaja de una reforma tan profunda como esta estribaría precisamente en las economías de escala que una completa provincialización de la Administración de Justicia traería consigo».
Para que no queden dudas, la comisión añade que la idea de que en cada provincia exista un único órgano judicial de este tipo «permitiría ganar flexibilidad y maximizar los recursos existentes». Como ventajas ponen la mayor facilidad para las sustituciones de jueces, reasignar efectivos para cubrir necesidades cuando aumenta el número de asuntos de cierto tipo o disminuyen otros sin tener que crear o suprimir juzgados. El informe recalca que «la provincialización del primer escalón de la organización de Tribunales debería comportar, además, claras ventajas para una mayoría de profesionales del Derecho». También conllevará la desaparición de los jueces de paz. Prueba de que esta filosofía va adelante es la próxima eliminación de los registros civiles en los municipios.
La comisión admite que el proyecto será polémico porque los partidos judiciales «cuentan con valedores firmes e influyentes, a comenzar por los propios municipios». Y advierte que los partidos judiciales «tenían sentido en el siglo XIX cuando los transportes y comunicaciones eran difíciles».
El mismo informe prevé una notable resistencia al cambio pues los jueces de Primera Instancia e Instrucción «esparcidos a lo largo del territorio nacional está muy arraigada en el imaginario colectivo».
Posteriormente, Ruíz-Gallardón aclaró a la FEMP que eso no implicará en modo alguno la desaparición o cierre de los juzgados existentes en los distintos municipios, porque no quedará ninguna infraestructura sin utilizar pues se aprovecharán todas las que funcionan. Las primeras protestas no se hicieron esperar por parte de la junta de Avogados Novos.