«No tuve tiempo de tantas maldades», ironiza un imputado del caso Multiusos de O Porriño
VIGO
El empresario es investigado por facturas irregulares que suman 600.000 euros
04 jun 2014 . Actualizado a las 11:27 h.El empresario Laureano Leirós, que fue dueño de la empresa Instalación de Maderas y Pavimentos Ibérica, IMPI, aseguró que era su hija la que se encargaba de las contrataciones y de llevar la empresa y que los papeles estaban en regla. Leirós tuvo que comparecer ayer ante la jueza del juzgado número 3 que investiga la trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de O Porriño.
A su salida del juzgado declaró que el objeto social de la empresa era muy variado y que por eso hacían todo tipo de trabajos para el Ayuntamiento. Leirós negó las irregularidades en las contratas. El juzgado investiga si esta empresa facturó 600.000 euros por trabajos que en realidad no realizó sino que efectuó el propio personal del Concello. «Está todo correcto en los papeles», dijo el antiguo dueño.
El interventor del Ayuntamiento fiscalizó desfavorablemente la aprobación de numerosas facturas de IMPI porque, presuntamente, se adjudicaron directamente trabajos sin concurso previo. Para ello el contrato se dividía en otros menores. Además, según el informe de la Policía Judicial, se pudieron reparos porque la empresa efectuaban trabajos que no estaban dentro de sus fines. Leirós negó tajantemente este extremo y señaló que «los fines de la empresa eran muy amplios».
IMPI fue constituida en mayo del año 2010 coincidiendo con la llegada al poder de Nelson Santos. La compañía se instaló en una pequeña casa enfrente del Concello. Su objeto social, según los estatutos era «carpintería de madera, construcción, revestimiento y trabajos de pintura en edificaciones y en obra civil, de promoción privada y pública, fabricación e instalación de muebles, ebanistería, restauración, instalación de tarimas y revestimientos en madera». En el momento de la fundación el socio único de la empresa era Luciano Leirós y la administradora su hija Lucía, que también prestó ayer declaración en calidad de imputada.
Nulidad del contrato
Sin embargo, la Policía Judicial asegura que la empresa también realizaba «trabajos de jardinería y limpieza de calles, y algo de obra civil» y por eso el interventor puso reparo a las facturas.
La investigación señala que facturar un trabajo que no figura dentro de los fines de la empresa recogidos en los estatutos supone «la nulidad» del contrato.
El 11 de mayo del año 2011 entró a formar parte de la empresa Fabio Fandiño, como administrador mancomunado junto a Lucía Leirós. En ese momento se amplió el objeto social a instalaciones eléctricas, fontanería, frío y aire acondicionado.
El 7 de junio del año 2012, Fabio Fandiño se hizo cargo de la empresa y Luciano Leirós se desvinculó de ella. «No tuve tiempo de hacer todas las maldades de las que me acusan», señaló el antiguo propietario.