El Concello subroga el personal cuando cambia una concesionaria, pero se «olvidó» en los centros cívicos y le costó el puesto a la presidenta vecinal
18 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.María Pérez preside la Federación Vecinal desde el año 2010, puesto en el sustituyó a Elena González. Al cargo llegó con el beneplácito del gobierno de Abel Caballero, molesto por las críticas de la directiva cesante a la gestión municipal. Sin embargo, en cuestión de pocos meses el nuevo equipo tampoco fue del agrado del alcalde y de nuevo por el mismo motivo.
En aquel momento Pérez era empleada municipal por vía indirecta como encargada del centro cívico de Coruxo, uno de los cuatro de titularidad del Concello junto con los del Casco Vello, Saiáns y Teis. Indirecta, ya que tiene adjudicada la gestión del servicio a una empresa privada. La presidenta vecinal fue contratada en el año 2004 por Atlas Servicios Empresariales, pero después no le afectaron los cambios de concesionarias.
En años sucesivos la gestión de estos centros cívicos fue pasando por las manos de Limber, Eulen e Imesapi sin problema alguno. En los contratos figuraba la obligación de subrogar la plantilla existente y se cumplió con normalidad. Por lo demás, es una práctica generalizada en Vigo que da tranquilidad laboral a los empleados de concesionarias, que son bastante más que los 1.300 que dependen actualmente del Concello.
Esta forma habitual de actuar se rompió en el verano del año 2013. En aquel momento las relaciones entre la directiva de la Federación Vecinal y el gobierno de Abel Caballero eran ya claramente malas. Aunque no es posible establecer una relación directa, es curioso comprobar que en esas circunstancias la junta de gobierno local aprobó el pliego de condiciones para la gestión de los centros cívicos sin incluir la coletilla de que la nueva sociedad tenía que hacerse cargo de las cuatro trabajadoras, una por instalación.
Desde que se conoció este despiste del encargado de redactar el pliego, que la junta de gobierno ni mucho menos modificó, se especuló en medios municipales con lo que podría pasar y finalmente pasó sin sorpresa alguna. Cuando la nueva sociedad, Manpower Business Solutions se hizo cargo del servicio el 1 de agosto, en pleno verano, decidió que ninguna de las cuatro trabajadoras le servía y las despidió a todas.
Partidos políticos y sindicatos interpretaron inmediatamente lo ocurrido como un intento del gobierno municipal de deshacerse de una empleada incómoda por su labor como presidenta vecinal, lo que generó muestras de solidaridad e incluso la celebración de una manifestación de apoyo. Dentro de los centros cívicos se pensó lo mismo y las tres compañeras de María Pérez decidieron ir por libre, presumiblemente convencidas de que habían sido sacrificadas por una cuestión que les era ajena. Ellas reclamaron ante la jurisdicción laboral y Pérez tuvo que hacerlo sola.
En aquella manifestación, celebrada el 13 de agosto del 2013, la oposición municipal respaldó a María Pérez. El PP envió a su concejala Alexia Alonso y el BNG a dos responsables orgánicos, Henrique Viéitez y Manuel Caride. No faltó tampoco el máximo cargo de Esquerda Unida, Rubén Pérez.
Una vez en la calle, María Pérez inició la batalla judicial, que de momento no le está saliendo mal. Quiere demostrar que en realidad dependía del Concello y no de las sucesivas concesionarias, con la finalidad de lograr su readmisión si el despido es considerado nulo. En primera instancia el juez lo desechó dejándolo en improcedente y fijando una indemnización de 17.000 euros. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza decidió días atrás anular este fallo y que el juez entre en materia al estar clara la cesión ilegal de trabajadores en este caso, lo que hace posible que el despido sea nulo y, por tanto, obligatoria de readmisión.
En el plano vecinal, Pérez se mantiene al frente de la Federación, donde fue reelegida en junio pasado, y el colectivo sigue enfrentado con Caballero.
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